Concordia y Firmeza

sábado, julio 3, 2021

Artículo publicado en El Mundo, el 28 de junio de 2021

 

 

La Concordia, esto es, el reconocimiento del distinto como sujeto de los mismos derechos que a mi me amparan, el respeto por aquel que no piensa como yo y que no por ello es mi enemigo, no está reñida con la firmeza en la defensa de los valores y los derechos fundamentales de la persona, especialmente si esta se dirige hacia el que, lejos de respetar y reconocer al distinto, lo persigue y extorsiona hasta que se somete o se rinde; y si no se somete ni se rinde, lo mata. Eso es, exactamente, lo que hizo ETA durante cuatro largas décadas, y eso es, exactamente, lo que sigue justificando Bildu, la voz de la serpiente, allá donde puede y le dejan, antes y ahora. Pero no solo no reconocen el daño causado; es que no piden perdón, lo exigen. Un perdón que al parecer se les debe sin tan siquiera ayudar a resolver los cientos de casos que continúan pendientes de resolución. Un perdón exigido desde la altanería, no pedido, se hace imposible de otorgar.  Y si es cierto que siempre ha de haber sitio para el perdón, este debe venir solicitado desde la humildad y acompañado de unas condiciones mínimas que le permitan ser dado y recibido con efecto sanador para todos.

Resuenan todavía, atronadoras y amenazantes, las palabras de uno de esos “bilduetarras” hace pocos meses en el Congreso: “…ni nos vencieron, ni nos domesticaron…” decía, con la pasión del converso, un recién llegado a la banda. Traducido a un castellano que podamos todos entender, lo que dijo es que no se arrepentían de lo hecho y que lo podrían repetir cuando quisieran. Tan cobardes como fueron con las armas, cobardes son hoy también con las palabras y, al reprenderle yo en el propio hemiciclo, alegaba el “bilduetarra”que eran palabras de Marcelino Camacho… Yo he escuchado las palabras “conflicto” y “muerte” en los labios de la Madre Teresa de Calcuta y no tienen el mismo significado que en la boca Josu Ternera. Tampoco tienen el mismo significado las mismas palabras en los labios de un defensor de las libertades, como Camacho, que en la boca de quien ampara a los asesinos de la libertad. En cualquier caso, y al margen de otras consideraciones, debemos tomarnos muy en serio la voz de la serpiente. Y ello nos debe llevar a reconocer que queda mucho trabajo por hacer para derrotarlos de forma definitiva y enviarlos a la más absoluta insignificancia política. La misma insignificancia política que tuvieron sus acciones para lesionar nuestra democracia, aún siendo terrible el daño humano que causaron y que todavía sufrimos.

Les cuento esto porque el domingo pasado conmemoramos, como todos los años, a las víctimas del terrorismo en el Congreso. La novedad en esta legislatura es que, por primera vez en nuestra reciente historia constitucional, un partido plenamente democrático, legítimo y legal, en buena medida responsable de la mejor España que disfrutamos y duramente castigado por ETA, tiene como socios en la acción de gobierno a sus amigos de Bildu. También, que los mismos “bilduetarras” que justifican la violencia asesina de sus jefes -aunque pensándolo mejor, quizá fueran sus subordinados-, asistían al acto. Todo ello motivó una dolorosa división que llevó a parte de las víctimas y a algunos diputados a no querer estar en el hemiciclo durante el acto. A muchos de los que asistimos, se nos hacía casi insoportable la presencia de quienes amparan políticamente a ETA; de quienes les han dado cobertura mediática y, sabe Dios, si más cosas. Me costaba levantar la mirada de la “bilduetarra” presente, viendo cómo escuchaba, impertérrita, las certeras palabras de Tomás Caballero con las que esculpía ante ella, la indignidad hecha persona, el exquisito monumento de la dignidad de las víctimas. No era fácil estar allí. Mantener la calma ante la cobarde desfachatez de quien sabe que nadie le dañará. Pero es verdad que asisten amparados en la ley, la misma ley por la que dieron su vida las víctimas y que todos debemos respetar. Tan cierto es eso, como lo es su ilegitimidad. Son la viva imagen de la conculcación sistemática de los dos principales dones del ser humano: la vida y la libertad. Ambos elevados a la categoría de derechos fundamentales en nuestra Constitución del 78 que ellos tanto desprecian; ambos pateados de forma miserable durante largo tiempo y, hoy, miserablemente justificado su quebranto por quienes comparten escaño con todos nosotros, demócratas de muy distinto signo, igualados por la ley. Es cierto que siento la misma repugnancia por lo que esa gente representa que mis compañeros diputados de cualquier otra opción, realmente democrática, que decidieron quedarse fuera acompañando a las víctimas que se sintieron incapaces de asistir. Lo pensé. Finalmente, decidí asistir. No en vano, es un acto institucional de las Cortes Generales y yo soy miembro de su órgano de gobierno: la Mesa.

Cada vez que sube al estrado de oradores uno de esos cobardes a darnos clases de democracia y convivencia -hay que tener desvergüenza- yo leo un pasaje de “Vidas Rotas”. Un libro que configura el catálogo del horror etarra. Detalla cada uno de los asesinatos cometidos por la banda a lo largo de su historia y nos permite recordar cada una de las circunstancias que los envolvieron. Sobrecoge el alma cada uno de los relatos que contiene. Llevo así ya más de un año y en él voy aprendiendo mucho de esos héroes que nos precedieron en la defensa de nuestros valores, de nuestros derechos y que hicieron posible con su sacrificio que los podamos seguir disfrutando a día hoy.

Hay algo común a la inmensa mayoría de todos ellos y que llama poderosamente la atención:  jamás cedieron. Se negaron a dar un paso atrás, aún sabiendo que les rondaba la muerte. En muchos casos, ya la habían visto muy cerca, esquivándola por casualidad o sufriéndola en un compañero, un padre, una madre, un hijo, un hermano, una amiga. Triste honor les haríamos a todos esos hombres y mujeres si hoy diéramos nosotros ese paso atrás; más aún, en la casa de todos. Entiendo y respeto profundamente al que no pueda soportar su presencia. Pero yo, mientras sea miembro de la Mesa del Congreso y represente a todos los españoles, intentaré, con la mía, hacerles recordar que no son lo mismo que nosotros. Que no se puede equiparar al asesino con su víctima. Que jamás perdonaremos su cobardía mientras sigan mostrando su soberbia. Que mientras quede uno de nosotros en pie frente a ellos, ni habrán vencido, ni nuestros compañeros -sean quienes sean- habrán sido olvidados. Por todos ellos, por su memoria, por nuestra dignidad, por la Justicia.

 

 

 

Indultos y Amnistías

sábado, junio 26, 2021

Artículo publicado en El Mundo, el 21 de junio de 2021

 

Yo no soy contrario a los indultos. Tampoco a las amnistías. Es más, soy un firme defensor de su existencia y de su uso. Son innumerables los casos en que estos instrumentos jurídicos, de innegable carácter político, han sido decisivos para alcanzar la superación de numerosos problemas. Vaya pues por delante mi decidida defensa de su necesidad y vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema político.

Imagen de El Correo.com

Dicho esto, a nadie se le ocurriría pensar que se puede conceder un indulto o una amnistía -instrumento este que ofrece muchas más complejidades que el indulto y sobre las que no me extenderé aquí, salvo decir que no cabe en nuestra actual Constitución-, sin que se den unas circunstancias concretas. Unos requisitos mínimos. Unas y otros, vienen establecidos en la Constitución, en la propia “Ley de Indultos” y el Código Penal. Pero más allá de eso, sigue siendo innegable que es el Gobierno de la Nación quien tiene, y debe tener siempre, una vez cumplidos esos requisitos materiales, la última palabra en la concesión de la medida de gracia. Es, finalmente también, un instrumento político y será, por tanto, el Gobierno quien deba dar cuenta de la decisión y asumir las consecuencias. Al fin y al cabo, eso es el liderazgo. En este caso, de una Nación.

A estas alturas, creo haber dejado claro mi parecer en relación con las medidas de gracia en sus términos generales. Queda, por tanto, aclarar lo que respecta a los casos concretos que se proponen en esta ocasión. Vayamos con ello.

En primer lugar, es obligado señalar que los delitos cometidos no se encuentran excluidos del derecho de gracia, por lo que nada obsta su concesión en este punto. El segundo asunto, siguiendo el orden de la propia Ley, sería el alcance de la medida. En este caso, solo puede ser parcial según establece el artículo 11 de la Ley, habida cuenta del demoledor informe del Tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que no encuentra la más mínima razón para otorgar la medida diciendo que “…INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre…” Es importante remarcar en este punto que todas las resoluciones dictadas por el Tribunal sentenciador han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han descartado, ambos, la vulneración de los derechos fundamentales de los condenados en ningún momento del proceso.

Con todo esto en la mano, solo cabe concluir que tan legal es conceder el indulto parcial, como no hacerlo y que corresponde tan solo al Gobierno tomar la decisión y asumir las consecuencias. Yo defiendo este derecho. Y también el mío a criticar que se haga y explicar por qué.

Difícilmente se podría oponer alguien al indulto si de él dependiese que España alcanzase el paraíso y, como parte indisoluble de ella, Cataluña también. Sería como negarse a que alguien nos tocara con una varita mágica para alcanzar la solución a un gran problema. ¿Pero hay alguien con dos dedos de frente que se pueda creer que tal cosa es posible?

Ningún sueño es ilegítimo en política, pero los sueños no se pueden imponer en democracia. Los sueños, son para compartirlos. Hace más de cuarenta años, un grupo de españoles soñó que era posible vivir en democracia. Soñó también que era posible la reconciliación entre quienes se habían odiado hasta matarse. Y empezaron a trabajar para hacer posible que su sueño fuera compartido por todos los españoles; no solo en los fines, que ya lo eran, si no también en el camino concreto que debíamos seguir para alcanzarlos. Contrariamente a lo que algunos nos cuentan hoy, aquel no fue un camino de rosas, pero a su través, se alcanzaron, plena y pacíficamente, los fines que nos marcamos. España pasó, en dos años y medio, de ser una dictadura a una de las democracias más avanzadas del mundo, sin conculcar jamás una sola de las leyes de la dictadura. Curioso es que hoy, ya en plena democracia -compartida y votada su Constitución por todos-, algunos nos digan que tenemos que conculcar esa Constitución para alcanzar un sueño que no compartimos. Claro que es legítimo soñar con una Cataluña independiente, pero no lo es violar la Ley para conseguir ese objetivo. Y eso es, exactamente, lo que han hecho todos y cada uno -el derecho penal obliga a individualizar- de los condenados por sedición y malversación de fondos públicos a los que se pretende indultar.

Uno de los pilares de todo aquel proceso que nos llevó a disfrutar de la democracia, la paz y la prosperidad compartida que disfrutamos hoy en España -y que, curiosamente, todos y cada uno de los condenados y sus seguidores se afanan en descalificar- fue una amnistía largamente pedida por la izquierda de este país para eliminar “uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de la izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional (que) es, en unos el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en otros el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades”, según señalaba el Partido Comunista de España en su manifiesto por la reconciliación nacional de 1956. Aquella Ley no exigió arrepentimiento a nadie, pero sí exigía, en términos de futuro, el compromiso con los principios y valores democráticos que íbamos a terminar de establecer de común acuerdo. Es importante recordar que, si bien ya habíamos elegido a unas Cortes democráticas que estaban redactando una Constitución, todavía no éramos la democracia plena que sí somos hoy. Solo los terroristas, cuyos delitos estaban también incluidos en la amnistía, incumplieron ese pacto de generosidad. Por eso, entre la democracia y el terror totalitario que pretendió liquidarla, no hay reconciliación ni síntesis posible.

Por todo lo expuesto, no pido yo el arrepentimiento sacramental -si me permiten la expresión- respecto de los delitos cometidos, pero sí un compromiso rotundo y personal con el cumplimiento escrupuloso de la Ley, en el futuro, a todos y cada uno de los que pudieran beneficiarse del indulto. Contrariamente a esto, insisto, todos y cada uno de los condenados por delinquir, se empecinan en repetir, en diferentes formas y con fruición digna de mejor causa, que “lo volverían a hacer”. Para ellos, se ha convertido en una suerte de eslogan publicitario. Por eso, un enfoque limpio sobre este secesionismo antidemocrático debe movernos a restaurar y defender la plena vigencia de la Constitución en Cataluña y a rechazar que, en su inaplicación selectiva, pueda encontrarse virtud política alguna vinculada a la prudencia, a la moderación o a la Concordia. Lo que me lleva, ineludiblemente, a rechazar la concesión de un indulto a quien no se compromete, personal e indubitadamente, a cumplir con la Ley que nos hemos dado todos, con independencia de la legitimidad y el respeto que me merezcan sus íntimas convicciones. Que me lo merecen.

Defender toda la Constitución, en todas partes y para todos, incluida la posibilidad de su reforma a través de los procedimientos acordados, es defender la más justa, la más extensa, la más fecunda y la más vigente expresión de prudencia, moderación, respeto y diálogo entre españoles. Ni la Constitución ni las leyes son obstáculo alguno para la convivencia; muy al contrario, ellas hacen posible la convivencia, la participación política libre de todos, el más extenso y profundo pluralismo y la posibilidad real de acceso al poder político sin más restricción que el respeto a los procedimientos y a las instituciones. La respuesta a cualquier pretensión de alterar ilegítimamente la voluntad de todos, deber ser la defensa firme de la voluntad de todos expresada en la Constitución.

 

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. Más información.

Esta página web utiliza cookies para ofrecer la mejor experiencia de navegación posible y conocer la utilización de la misma. Si sigues utilizando esta web sin cambiar los ajustes de tu navegador, aceptas su utilización. Haciendo clic en "Aceptar" mejorará la navegación.

Si deseas más información, lee nuestra Política de Cookies

Cerrar