Concordia y Educación

martes, enero 21, 2020

Artículo publicado en la Tercera de Abc el  21 de enero de 2020

 

 

 

La tremenda frase pronunciada por la ministra Celaá, en la que aseguraba de forma categórica que “los hijos no pertenecen a los padres”, pone de manifiesto su manera autoritaria de entender el poder; deja al descubierto su desviada interpretación de lo que es un mandato democrático; nos permite vislumbrar su inaceptable vocación del ejercicio del cargo público como imposición de las convicciones particulares e íntimas al conjunto de la sociedad; nos traslada la falta de respeto que tiene por la libertad y la concordia social, que no es otra cosa que el respeto por el “otro”, por el discrepante, por el que no piensa como yo y que, no por ello, es mi enemigo, ni deja de ser titular de los mismos derechos que a mi me asisten por estar recogidos en la Constitución Española de 1978 -la llamada Constitución de la Concordia- y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. -a la que tanto invoca cuando cree que le conviene-. Esta última establece, textualmente, en su artículo 26.3: “Los padres tendrán el derecho preferente sobre el tipo de educación que habrá de darse a los hijos.” Por su parte, y en absoluta concordancia con ese precepto, nuestra Constitución, en su artículo 27.3, ordena a los poderes públicos garantizar el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” No existe un derecho de propiedad sobre los hijos, ni sobre nadie, pero sí un deber de educar y un derecho a hacerlo de determinada manera; manera que solo pueden y deben elegir los padres.

En esta visión, compartida por todo el Gobierno, contrasta la rotundidad con la que se afirma que los hijos no pertenecen a los padres para negarles su derecho a no verlos instruidos en asuntos de índole moral alejados de sus propias convicciones, con la laxitud y tolerancia con que afronta, ella misma, las exigencias de los separatistas vascos y catalanes, haciendo total dejación de sus funciones para posibilitar el adoctrinamiento independentista en esas dos regiones de España. En lo que sí es coherente, es en su desacierto a la hora de comprender lo que tan claramente expone el citado artículo de nuestra Carta Magna. Pero me es imposible aceptar que la señora ministra padece de una insuperable incapacidad en su comprensión lectora. Sería una falta de respeto que no estoy dispuesto a cometer. Sería, además, un grave error. ¿Dónde está, pues, el problema? Está en el sectarismo permanente que preside su actuación; en la concepción autoritaria del poder que tiene; en una tan pretendida como inexistente superioridad moral de la izquierda radical que, además, tacha de extremista a todo aquel que osa oponerse a sus planes o disentir, así lo haga con todo el respeto del mundo, como intento hacerlo yo.

Quienes así piensan, suelen alcanzar el poder -cuando lo hacen por vías democráticas, como es el caso- a base de prometer un paraíso terrenal que llegará, inexorablemente, tan pronto ocupen ellos el gobierno de la Nación. Para desgracia colectiva, lo cierto es que, una vez producido tan feliz acontecimiento, el edén no solo no llega, sino que parece alejarse cada día más. La inmediata reacción ante el propio fracaso es afirmar que el cielo prometido no se alcanza debido a la radical oposición de “las derechas” con su permanente bloqueo de las reformas “progresistas” que abandera esa “izquierda integradora”.

Tras esta empírica constatación, no tardan en proponer una solución inmediata al problema, consistente en una reforma legislativa -constitucional, si es que pueden hacerlo- para dar mayor poder al Gobierno de turno frente a la oposición. Una vez conseguidas esas reformas, y constatada nuevamente su incapacidad para arribar al vergel tan deseado, en lugar de reconocer su propia incompetencia, invariablemente, vuelven a culpar de su fracaso a la radical oposición; todo ello para volver a solicitar, una vez más, un incremento de sus poderes que, esta vez sí, les permitan la ansiada y prometida felicidad suprema que se antoja ya al alcance de los dedos. Lejos de ello, la realidad nos enseña, con tozuda contundencia, que esto se acaba convirtiendo siempre en una espiral autoritaria que solo termina cuando el Gobierno alcanza el poder absoluto, momento que suele coincidir con aquel en el que la sociedad alcanza la ruina absoluta. Este proceso, que alguno puede tachar de exagerado, lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia, incluso en países muy desarrollados social, cultural y económicamente. Tenemos un ejemplo reciente en nuestra querida y hermana Venezuela.

El profundo radicalismo que encierra la desafortunada frase de la señora Celaá no debe ser pasado por alto. No debe ser infravalorado. Ni debe ser combatido con igual radicalismo e ineficacia. La sociedad española tiene un reto pendiente -permanentemente pendiente diría yo- que no es otro que el de la Reforma Educativa. Una profunda reforma, consensuada, que garantice la pujanza de nuestra sociedad en los años venideros, sin sembrar en esa reforma una ideología que nos perpetúe en el uso del poder a los “unos” frente a los “otros”. El objeto de esa reforma no debe ser otro que la verdadera preparación integral de nuestros jóvenes. Debemos establecer un nivel mínimo para todos y escalar los sucesivos niveles en consonancia con el de las enormes exigencias técnicas y profesionales que van a presentárseles en el futuro y en función de las capacidades de cada uno. Todo ello debe hacerse respetando un marco de libertad que garantice a los padres -a todos y de una forma efectiva- el derecho al tipo de educación que quieren para sus hijos, incluyendo, tal y como establece el ya citado artículo 27.3 de la Constitución,  la religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ello no obsta la difusión apartidista de los valores superiores que, desde el punto de vista político, proclama la Constitución de la Concordia como base de nuestra convivencia. Una exitosa convivencia desde hace ya cuarenta años.

 

 

Concordia y Libertad

jueves, enero 3, 2019

Artículo publicado el La Tercera de ABC el 29 de noviembre de 2018

 

 

Se me pide últimamente que vuelva la vista cuarenta años atrás para escribir sobre nuestra Constitución de la Concordia de 1978 cosa que, como bien saben, no me cuesta trabajo alguno. Pese a ello, y sin dejar de atender la petición que se me hace, me van a permitir que les invite a irnos un poco más lejos para empezar… Y lo hago, porque si volvemos los ojos a la Castilla de 1450 veremos una incipiente nación dividida por las guerras de sucesión, el caos y la corrupción bajo los reinados de Juan II, Enrique IV y su medio hermano Alfonso, hasta que, en 1474, asume el trono Isabel la Católica. Cuando treinta años después muere Isabel, esa Castilla, convertida ya en España, no solo era la nación hegemónica en Europa, era la nación hegemónica en el mundo. Sin complejo alguno podemos afirmar que esa hazaña es solo comparable a la Roma de Trajano. Y a esa Roma, se le puede comparar en lo artístico, en lo político, en lo económico, incluso en lo social; pero no es comparable, ni mucho menos, desde el punto de vista espiritual. En ese campo, el imperio español de aquellos tiempos estaba muy por encima del que estuvo el romano nunca.

Si nos acercamos un poco más en el tiempo a la petición recibida, hasta 1975, veremos que, en esta ocasión, no nos hicieron falta treinta años, nos hicieron falta solo tres. Tres años para despejar los malos augurios y asombrar al mundo con una transición política ejemplar y única que, todavía hoy, se sigue estudiando en las universidades más prestigiosas del mundo. Esa transición modélica y ejemplar que asombró al mundo entero, no asombró por tener un rey joven, moderno, políglota. Tampoco asombró al mundo un presidente audaz y comprometido con la democracia. Y tampoco lo hizo una Constitución moderna, respaldada por un pueblo entero y homologable a la de cualquiera de nuestros vecinos. Lo que de verdad convirtió en excepcional todo aquel proceso, fue la forma en la que se hizo. Algo tan sencillo como eso, la forma. Que un país dividido, recién salido de una guerra fratricida, tras cuarenta años sin libertades políticas, fuera capaz, sin quebrantar una sola ley, de levantar un Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria a través del diálogo y el acuerdo casi unánime, era algo inédito. Por fin, la concordia entre los españoles fue posible.

Se me pregunta a menudo por la receta… y es tan sencilla como difícil de aplicar. Dos fueron los ingredientes: fijar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Su aplicación llevó a España a una transformación extraordinaria. Pero la transformación fue extraordinaria porque fuimos una sociedad extraordinaria. Extraordinariamente exigente a la hora de fijar objetivos comunes para toda la Nación. Fuimos una sociedad extraordinariamente exigente a la hora de fijar el compromiso personal de cada uno para con su Nación. Y fuimos, también, una sociedad extraordinariamente generosa abandonando los intereses particulares de cada uno, por muy legítimos que fuesen.

Decía mi padre: «Creo que la piedra angular sobre la que, en nuestra transición, se asentó la democracia, consistió precisamente en la implantación política y vital de la concordia». Después de esto, es difícil no asombrarse con lo que vemos y escuchamos hoy en nuestra querida España. Y lo digo porque la Constitución es el gran instrumento que impide la persecución del discrepante, iniciada con Fernando VII, y la casa común de la mejor España. La que quiere trabajar y convivir en paz y en libertad. La que no quiere que la excelencia, personal o colectiva, sea invocada como fuente de privilegio, si no puesta al servicio de los demás.

Aprendí de Julián Marías el enorme valor de la ilusión; esa ilusión que él entendía como una esperanza cuyo cumplimiento nos es especialmente apetecible; como el motor que es capaz de hacernos perseverar frente a las dificultades; o, mucho más bonito todavía, como esa capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Yo, en nombre de quien ya no puede hacerlo, debo invitarles a todos, a cada uno desde su sitio e ideología, a construir ese futuro común sobre los principios y valores en los que fundamentamos, no solo nuestra existencia como personas, sino también como Nación, y lo primero para ello, es no permitir jamás que ese futuro se construya al margen nuestro.

Creo que es importante homenajear a nuestros próceres, ellos son un modelo a seguir en esa construcción interminable de nuestro país. Esto, en nada contradice el derecho de toda generación a escribir su propio futuro, solo reclama tener en cuenta lo grande y bueno que se ha hecho antes para ser capaces de volar más alto y más lejos.

Pocos lugares en España se asemejarán más a un panteón de próceres que la catedral de Ávila. Allí descansan los restos de dos grandes hombres. Uno, mi padre. El otro, Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, historiador insigne, gran hombre y liberal por convicción, le escribía a un amigo suyo en 1973: «Deseamos que mañana, curados de la locura tradicional de la estirpe, hallemos una senda de concordia y libertad. La historia de España permite arraigar la esperanza de que es posible enderezar nuestro camino».

Si uno esto al epitafio que tuve el honor de grabar en la lápida de mi padre: «La concordia fue posible», y a la profunda convicción de que nada está definitivamente ganado, ni nada está definitivamente perdido; de que todo depende de la ilusión, el esfuerzo, la convicción que pongamos en conseguir los objetivos que como Nación seamos capaces de marcarnos, me hace albergar la esperanza de hacer renacer la concordia entre todos los españoles. Con todo el respeto que merecen estas palabras y con toda la humildad a que me obliga el reconocimiento de mis propias limitaciones, les puedo prometer y les prometo que voy a dedicar el resto de mi vida a que eso sea posible.

 

 

 

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