La Concordia, esto es, el reconocimiento del distinto como sujeto de los mismos derechos que a mi me amparan, el respeto por aquel que no piensa como yo y que no por ello es mi enemigo, no está reñida con la firmeza en la defensa de los valores y los derechos fundamentales de la persona, especialmente si esta se dirige hacia el que, lejos de respetar y reconocer al distinto, lo persigue y extorsiona hasta que se somete o se rinde; y si no se somete ni se rinde, lo mata. Eso es, exactamente, lo que hizo ETA durante cuatro largas décadas, y eso es, exactamente, lo que sigue justificando Bildu, la voz de la serpiente, allá donde puede y le dejan, antes y ahora. Pero no solo no reconocen el daño causado; es que no piden perdón, lo exigen. Un perdón que al parecer se les debe sin tan siquiera ayudar a resolver los cientos de casos que continúan pendientes de resolución. Un perdón exigido desde la altanería, no pedido, se hace imposible de otorgar.  Y si es cierto que siempre ha de haber sitio para el perdón, este debe venir solicitado desde la humildad y acompañado de unas condiciones mínimas que le permitan ser dado y recibido con efecto sanador para todos.

Resuenan todavía, atronadoras y amenazantes, las palabras de uno de esos “bilduetarras” hace pocos meses en el Congreso: “…ni nos vencieron, ni nos domesticaron…” decía, con la pasión del converso, un recién llegado a la banda. Traducido a un castellano que podamos todos entender, lo que dijo es que no se arrepentían de lo hecho y que lo podrían repetir cuando quisieran. Tan cobardes como fueron con las armas, cobardes son hoy también con las palabras y, al reprenderle yo en el propio hemiciclo, alegaba el “bilduetarra”que eran palabras de Marcelino Camacho… Yo he escuchado las palabras “conflicto” y “muerte” en los labios de la Madre Teresa de Calcuta y no tienen el mismo significado que en la boca Josu Ternera. Tampoco tienen el mismo significado las mismas palabras en los labios de un defensor de las libertades, como Camacho, que en la boca de quien ampara a los asesinos de la libertad. En cualquier caso, y al margen de otras consideraciones, debemos tomarnos muy en serio la voz de la serpiente. Y ello nos debe llevar a reconocer que queda mucho trabajo por hacer para derrotarlos de forma definitiva y enviarlos a la más absoluta insignificancia política. La misma insignificancia política que tuvieron sus acciones para lesionar nuestra democracia, aún siendo terrible el daño humano que causaron y que todavía sufrimos.

Les cuento esto porque el domingo pasado conmemoramos, como todos los años, a las víctimas del terrorismo en el Congreso. La novedad en esta legislatura es que, por primera vez en nuestra reciente historia constitucional, un partido plenamente democrático, legítimo y legal, en buena medida responsable de la mejor España que disfrutamos y duramente castigado por ETA, tiene como socios en la acción de gobierno a sus amigos de Bildu. También, que los mismos “bilduetarras” que justifican la violencia asesina de sus jefes -aunque pensándolo mejor, quizá fueran sus subordinados-, asistían al acto. Todo ello motivó una dolorosa división que llevó a parte de las víctimas y a algunos diputados a no querer estar en el hemiciclo durante el acto. A muchos de los que asistimos, se nos hacía casi insoportable la presencia de quienes amparan políticamente a ETA; de quienes les han dado cobertura mediática y, sabe Dios, si más cosas. Me costaba levantar la mirada de la “bilduetarra” presente, viendo cómo escuchaba, impertérrita, las certeras palabras de Tomás Caballero con las que esculpía ante ella, la indignidad hecha persona, el exquisito monumento de la dignidad de las víctimas. No era fácil estar allí. Mantener la calma ante la cobarde desfachatez de quien sabe que nadie le dañará. Pero es verdad que asisten amparados en la ley, la misma ley por la que dieron su vida las víctimas y que todos debemos respetar. Tan cierto es eso, como lo es su ilegitimidad. Son la viva imagen de la conculcación sistemática de los dos principales dones del ser humano: la vida y la libertad. Ambos elevados a la categoría de derechos fundamentales en nuestra Constitución del 78 que ellos tanto desprecian; ambos pateados de forma miserable durante largo tiempo y, hoy, miserablemente justificado su quebranto por quienes comparten escaño con todos nosotros, demócratas de muy distinto signo, igualados por la ley. Es cierto que siento la misma repugnancia por lo que esa gente representa que mis compañeros diputados de cualquier otra opción, realmente democrática, que decidieron quedarse fuera acompañando a las víctimas que se sintieron incapaces de asistir. Lo pensé. Finalmente, decidí asistir. No en vano, es un acto institucional de las Cortes Generales y yo soy miembro de su órgano de gobierno: la Mesa.

Cada vez que sube al estrado de oradores uno de esos cobardes a darnos clases de democracia y convivencia -hay que tener desvergüenza- yo leo un pasaje de “Vidas Rotas”. Un libro que configura el catálogo del horror etarra. Detalla cada uno de los asesinatos cometidos por la banda a lo largo de su historia y nos permite recordar cada una de las circunstancias que los envolvieron. Sobrecoge el alma cada uno de los relatos que contiene. Llevo así ya más de un año y en él voy aprendiendo mucho de esos héroes que nos precedieron en la defensa de nuestros valores, de nuestros derechos y que hicieron posible con su sacrificio que los podamos seguir disfrutando a día hoy.

Hay algo común a la inmensa mayoría de todos ellos y que llama poderosamente la atención:  jamás cedieron. Se negaron a dar un paso atrás, aún sabiendo que les rondaba la muerte. En muchos casos, ya la habían visto muy cerca, esquivándola por casualidad o sufriéndola en un compañero, un padre, una madre, un hijo, un hermano, una amiga. Triste honor les haríamos a todos esos hombres y mujeres si hoy diéramos nosotros ese paso atrás; más aún, en la casa de todos. Entiendo y respeto profundamente al que no pueda soportar su presencia. Pero yo, mientras sea miembro de la Mesa del Congreso y represente a todos los españoles, intentaré, con la mía, hacerles recordar que no son lo mismo que nosotros. Que no se puede equiparar al asesino con su víctima. Que jamás perdonaremos su cobardía mientras sigan mostrando su soberbia. Que mientras quede uno de nosotros en pie frente a ellos, ni habrán vencido, ni nuestros compañeros -sean quienes sean- habrán sido olvidados. Por todos ellos, por su memoria, por nuestra dignidad, por la Justicia.

Yo no soy contrario a los indultos. Tampoco a las amnistías. Es más, soy un firme defensor de su existencia y de su uso. Son innumerables los casos en que estos instrumentos jurídicos, de innegable carácter político, han sido decisivos para alcanzar la superación de numerosos problemas. Vaya pues por delante mi decidida defensa de su necesidad y vigencia en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestro sistema político.

Imagen de El Correo.com

Dicho esto, a nadie se le ocurriría pensar que se puede conceder un indulto o una amnistía -instrumento este que ofrece muchas más complejidades que el indulto y sobre las que no me extenderé aquí, salvo decir que no cabe en nuestra actual Constitución-, sin que se den unas circunstancias concretas. Unos requisitos mínimos. Unas y otros, vienen establecidos en la Constitución, en la propia “Ley de Indultos” y el Código Penal. Pero más allá de eso, sigue siendo innegable que es el Gobierno de la Nación quien tiene, y debe tener siempre, una vez cumplidos esos requisitos materiales, la última palabra en la concesión de la medida de gracia. Es, finalmente también, un instrumento político y será, por tanto, el Gobierno quien deba dar cuenta de la decisión y asumir las consecuencias. Al fin y al cabo, eso es el liderazgo. En este caso, de una Nación.

A estas alturas, creo haber dejado claro mi parecer en relación con las medidas de gracia en sus términos generales. Queda, por tanto, aclarar lo que respecta a los casos concretos que se proponen en esta ocasión. Vayamos con ello.

En primer lugar, es obligado señalar que los delitos cometidos no se encuentran excluidos del derecho de gracia, por lo que nada obsta su concesión en este punto. El segundo asunto, siguiendo el orden de la propia Ley, sería el alcance de la medida. En este caso, solo puede ser parcial según establece el artículo 11 de la Ley, habida cuenta del demoledor informe del Tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Supremo, que no encuentra la más mínima razón para otorgar la medida diciendo que “…INFORMA NEGATIVAMENTE la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los condenados en la sentencia 459/2019, de 14 de octubre…” Es importante remarcar en este punto que todas las resoluciones dictadas por el Tribunal sentenciador han sido avaladas por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han descartado, ambos, la vulneración de los derechos fundamentales de los condenados en ningún momento del proceso.

Con todo esto en la mano, solo cabe concluir que tan legal es conceder el indulto parcial, como no hacerlo y que corresponde tan solo al Gobierno tomar la decisión y asumir las consecuencias. Yo defiendo este derecho. Y también el mío a criticar que se haga y explicar por qué.

Difícilmente se podría oponer alguien al indulto si de él dependiese que España alcanzase el paraíso y, como parte indisoluble de ella, Cataluña también. Sería como negarse a que alguien nos tocara con una varita mágica para alcanzar la solución a un gran problema. ¿Pero hay alguien con dos dedos de frente que se pueda creer que tal cosa es posible?

Ningún sueño es ilegítimo en política, pero los sueños no se pueden imponer en democracia. Los sueños, son para compartirlos. Hace más de cuarenta años, un grupo de españoles soñó que era posible vivir en democracia. Soñó también que era posible la reconciliación entre quienes se habían odiado hasta matarse. Y empezaron a trabajar para hacer posible que su sueño fuera compartido por todos los españoles; no solo en los fines, que ya lo eran, si no también en el camino concreto que debíamos seguir para alcanzarlos. Contrariamente a lo que algunos nos cuentan hoy, aquel no fue un camino de rosas, pero a su través, se alcanzaron, plena y pacíficamente, los fines que nos marcamos. España pasó, en dos años y medio, de ser una dictadura a una de las democracias más avanzadas del mundo, sin conculcar jamás una sola de las leyes de la dictadura. Curioso es que hoy, ya en plena democracia -compartida y votada su Constitución por todos-, algunos nos digan que tenemos que conculcar esa Constitución para alcanzar un sueño que no compartimos. Claro que es legítimo soñar con una Cataluña independiente, pero no lo es violar la Ley para conseguir ese objetivo. Y eso es, exactamente, lo que han hecho todos y cada uno -el derecho penal obliga a individualizar- de los condenados por sedición y malversación de fondos públicos a los que se pretende indultar.

Uno de los pilares de todo aquel proceso que nos llevó a disfrutar de la democracia, la paz y la prosperidad compartida que disfrutamos hoy en España -y que, curiosamente, todos y cada uno de los condenados y sus seguidores se afanan en descalificar- fue una amnistía largamente pedida por la izquierda de este país para eliminar “uno de los obstáculos fundamentales que aún se interponen entre las fuerzas de la izquierda y de derecha en el camino de la reconciliación nacional (que) es, en unos el rencor y los odios que la guerra y la represión sembraron; en otros el temor a la venganza y a la exigencia de responsabilidades”, según señalaba el Partido Comunista de España en su manifiesto por la reconciliación nacional de 1956. Aquella Ley no exigió arrepentimiento a nadie, pero sí exigía, en términos de futuro, el compromiso con los principios y valores democráticos que íbamos a terminar de establecer de común acuerdo. Es importante recordar que, si bien ya habíamos elegido a unas Cortes democráticas que estaban redactando una Constitución, todavía no éramos la democracia plena que sí somos hoy. Solo los terroristas, cuyos delitos estaban también incluidos en la amnistía, incumplieron ese pacto de generosidad. Por eso, entre la democracia y el terror totalitario que pretendió liquidarla, no hay reconciliación ni síntesis posible.

Por todo lo expuesto, no pido yo el arrepentimiento sacramental -si me permiten la expresión- respecto de los delitos cometidos, pero sí un compromiso rotundo y personal con el cumplimiento escrupuloso de la Ley, en el futuro, a todos y cada uno de los que pudieran beneficiarse del indulto. Contrariamente a esto, insisto, todos y cada uno de los condenados por delinquir, se empecinan en repetir, en diferentes formas y con fruición digna de mejor causa, que “lo volverían a hacer”. Para ellos, se ha convertido en una suerte de eslogan publicitario. Por eso, un enfoque limpio sobre este secesionismo antidemocrático debe movernos a restaurar y defender la plena vigencia de la Constitución en Cataluña y a rechazar que, en su inaplicación selectiva, pueda encontrarse virtud política alguna vinculada a la prudencia, a la moderación o a la Concordia. Lo que me lleva, ineludiblemente, a rechazar la concesión de un indulto a quien no se compromete, personal e indubitadamente, a cumplir con la Ley que nos hemos dado todos, con independencia de la legitimidad y el respeto que me merezcan sus íntimas convicciones. Que me lo merecen.

Defender toda la Constitución, en todas partes y para todos, incluida la posibilidad de su reforma a través de los procedimientos acordados, es defender la más justa, la más extensa, la más fecunda y la más vigente expresión de prudencia, moderación, respeto y diálogo entre españoles. Ni la Constitución ni las leyes son obstáculo alguno para la convivencia; muy al contrario, ellas hacen posible la convivencia, la participación política libre de todos, el más extenso y profundo pluralismo y la posibilidad real de acceso al poder político sin más restricción que el respeto a los procedimientos y a las instituciones. La respuesta a cualquier pretensión de alterar ilegítimamente la voluntad de todos, deber ser la defensa firme de la voluntad de todos expresada en la Constitución.

Artículo publicado en El Mundo el día 29 de mayo de 2020

“Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad y creo que nada tiene que ver con ellos. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. La concordia jamás se impone, se busca en común y se realiza con el esfuerzo de todos…

La transición fue, sobre todo, a mi juicio, un proceso político y social de reconocimiento y comprensión del distinto, del diferente, del otro español, que no piensa como yo, que no tiene mis mismas creencias religiosas, que no ha nacido en mi comunidad, que no se mueve por los ideales políticos que a mí me impulsan y que, sin embargo, no es mi enemigo sino mi complementario, el que completa mi propio yo como ciudadano y como español, y con el que tengo necesariamente que convivir porque sólo en esa convivencia él y yo podemos defender nuestros ideales, practicar nuestras creencias y realizar nuestras propias ideas.”

Todo esto es parte del discurso con el que Adolfo Suárez González aceptaba el premio Príncipe de Asturias de La Concordia en el año 1996. Anteayer resonaban, con fuerza inusitada, esas palabras en mi cabeza durante la sesión de control que vivimos en el Congreso. Me era muy difícil creer lo que estaba escuchando.

Sé que no son buenos tiempos para los que creemos profundamente que la Concordia es posible. Nunca lo son. Siempre hay quien la confunde con el conformismo, con la equidistancia, con la tibieza, con la mansedumbre, incluso con la falta de convicciones. ¡Qué error, qué inmenso error! Todo lo contrario. Hace falta mucho valor para no contestar al mal con el mal mismo. Hace falta mucho valor y muy profundas convicciones para no caer en la trampa que, permanentemente, tienden los espíritus totalitarios respondiendo a sus provocaciones con sus mismas armas: el insulto, la descalificación y la retórica violenta, por muy brillante y cargada de verdad que esté. El mismo Suárez llegó a decir en su discurso que “en algún momento he llegado a pensar que yo fui víctima política de la práctica de la concordia. Pero si así fue, me enorgullezco de ello.”

Es difícil imaginar nadie menos legitimado para pedir respeto que el vicepresidente segundo don Pablo Iglesias, quien no pierde ocasión de faltar al respeto a los demás cada día que amanece. No imagino nadie con menos derecho para invocar la concordia que él, que de manera consciente y premeditada que va sembrando la discordia por donde va pisando. No imagino a nadie menos legitimado que él para reclamar el espíritu de la Transición y la Constitución de la Concordia, después de todos los esfuerzos que ha dedicado para descalificar y acabar con lo que él mismo llama, despectivamente, “el régimen del 78”.

Me llama profundamente la atención que quien no vivió el horror al que nos llevó el odio de los primeros años treinta nos invite, con extrema irresponsabilidad, una vez más al odio hoy. Ni puedo entender que quien se emociona viendo cómo una turba rabiosa apalea a un miembro de una policía plenamente democrática, hasta casi la muerte, me venga a invocar ahora la figura de Carrillo y reclamarla como precursor suyo. Pues a él le digo, que los que hemos tenido la oportunidad de conocer a fondo a Carrillo, podemos decir que ha habido dos Carrillos importantes para la historia de España: uno primero, el del 36, por decirlo de alguna forma. De ese no me quiero ni acordar. El otro, el del 76, consciente de todo el sufrimiento que causó el odio al que él mismo nos había encaminado, fue uno de los cimientos básicos de la transición pacífica que protagonizamos todos los españoles y de la que nos podemos sentir legítimamente orgullosos. Por desgracia, el vicepresidente segundo, por mucho que juegue ahora suavizar el tono de su voz, mientras eleva la radicalidad de sus palabras, está mucho más cerca de aquel primer Carrillo que del segundo, el que sí merece todo respeto y reconocimiento.

Todo eso es bien cierto, pero los españoles tenemos ejemplos de que otra España es posible. Si el Rey o el Presidente Suárez hubieran esperado a ser respetados para ofrecer respeto, todavía seguiríamos esperando. Jamás hubiera sido posible esa Concordia con mayúsculas que nos devolvió la Transición.

Yo fui testigo directo del abrazo de perdón que se dieron en Moncloa el hijo de un fusilado por Carrillo y el propio Carrillo. El hijo de aquel fusilado era entonces el ayudante militar del Presidente del Gobierno, y Carrillo una de las visitas programadas aquel día. Cuando aquel hombre, emocionado, nos contó al final del día lo que había sucedido con su padre, nos estremecimos. Aquel abrazo no fue un pacto del olvido. Ambos recordaban perfectamente lo ocurrido y ambos, representando a esa España eterna, tan cursi para algunos, decidieron poner fin al odio y culminar el camino de la reconciliación, iniciado mucho antes. Decidieron, simplemente, dejar de responder al mal con mal. La concordia no se impone jamás, se construye con el esfuerzo de todos y, principalmente, con el ejemplo propio. Empezando por quien más responsabilidad tiene, sin que su ausencia nos exima a los demás de la nuestra.

“Creo que la piedra angular sobre la que, en nuestra transición, se asentó la democracia, consistió, precisamente, en la implantación política y vital de la concordia civil. Y eso debíamos conseguirlo desde el pluralismo que, realmente, se daba entre nosotros. Desde la tolerancia y desde la libertad.” Esto decía también Suárez en ese famoso discurso. Quizá sea la clave de todo: la tolerancia desde la libertad. Esas son las armas con las que se combate a los intolerantes y a los totalitarios. Por mucho que nos jaleen algunos a los responsables políticos cuando sacamos los pies del tiesto y arremetemos con vehemencia y sin el respeto debido a quien nos faltó a nosotros, la inmensa mayoría de los españoles asisten atónitos a un enfrentamiento que ni entienden, ni comparten, ni desean. Yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie, bastantes veces he tropezado para eso. Pero sí puedo recordar algunas de las lecciones magistrales que hemos recibido los españoles de nuestros mayores, y maestros ha habido, gracias a Dios, de todos los colores políticos.

Permítanme terminar con unas palabras de un abulense de bien que, en el año 1973, le escribía a un buen amigo suyo. Fue presidente del gobierno, está enterrado en la catedral de Ávila y, no, no es Suárez. Es Claudio Sánchez Albornoz. Decía así: “Deseamos que mañana, curados de la locura tradicional de la estirpe, hallemos una senda de concordia y libertad. La historia de España permite arraigar la esperanza de que es posible enderezar nuestro camino». Ojalá aprendamos todos y enderecemos el rumbo. No nos podemos permitir el volver a fracasar. Y para aquellos más preocupados por lo táctico, les diré que la concordia es eminentemente práctica. En ella reside el extraordinario atributo de poner en evidencia a quienes siembran la discordia. Eso, en política, también sirve. Y falta nos hace. Aprendamos del pasado e instauremos el presente eterno a través de la concordia. Es Posible.

Apenas les separan unos metros…

La tremenda frase pronunciada por la ministra Celaá, en la que aseguraba de forma categórica que “los hijos no pertenecen a los padres”, pone de manifiesto su manera autoritaria de entender el poder; deja al descubierto su desviada interpretación de lo que es un mandato democrático; nos permite vislumbrar su inaceptable vocación del ejercicio del cargo público como imposición de las convicciones particulares e íntimas al conjunto de la sociedad; nos traslada la falta de respeto que tiene por la libertad y la concordia social, que no es otra cosa que el respeto por el “otro”, por el discrepante, por el que no piensa como yo y que, no por ello, es mi enemigo, ni deja de ser titular de los mismos derechos que a mi me asisten por estar recogidos en la Constitución Española de 1978 -la llamada Constitución de la Concordia- y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. -a la que tanto invoca cuando cree que le conviene-. Esta última establece, textualmente, en su artículo 26.3: “Los padres tendrán el derecho preferente sobre el tipo de educación que habrá de darse a los hijos.” Por su parte, y en absoluta concordancia con ese precepto, nuestra Constitución, en su artículo 27.3, ordena a los poderes públicos garantizar el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.” No existe un derecho de propiedad sobre los hijos, ni sobre nadie, pero sí un deber de educar y un derecho a hacerlo de determinada manera; manera que solo pueden y deben elegir los padres.

En esta visión, compartida por todo el Gobierno, contrasta la rotundidad con la que se afirma que los hijos no pertenecen a los padres para negarles su derecho a no verlos instruidos en asuntos de índole moral alejados de sus propias convicciones, con la laxitud y tolerancia con que afronta, ella misma, las exigencias de los separatistas vascos y catalanes, haciendo total dejación de sus funciones para posibilitar el adoctrinamiento independentista en esas dos regiones de España. En lo que sí es coherente, es en su desacierto a la hora de comprender lo que tan claramente expone el citado artículo de nuestra Carta Magna. Pero me es imposible aceptar que la señora ministra padece de una insuperable incapacidad en su comprensión lectora. Sería una falta de respeto que no estoy dispuesto a cometer. Sería, además, un grave error. ¿Dónde está, pues, el problema? Está en el sectarismo permanente que preside su actuación; en la concepción autoritaria del poder que tiene; en una tan pretendida como inexistente superioridad moral de la izquierda radical que, además, tacha de extremista a todo aquel que osa oponerse a sus planes o disentir, así lo haga con todo el respeto del mundo, como intento hacerlo yo.

Quienes así piensan, suelen alcanzar el poder -cuando lo hacen por vías democráticas, como es el caso- a base de prometer un paraíso terrenal que llegará, inexorablemente, tan pronto ocupen ellos el gobierno de la Nación. Para desgracia colectiva, lo cierto es que, una vez producido tan feliz acontecimiento, el edén no solo no llega, sino que parece alejarse cada día más. La inmediata reacción ante el propio fracaso es afirmar que el cielo prometido no se alcanza debido a la radical oposición de “las derechas” con su permanente bloqueo de las reformas “progresistas” que abandera esa “izquierda integradora”.

Tras esta empírica constatación, no tardan en proponer una solución inmediata al problema, consistente en una reforma legislativa -constitucional, si es que pueden hacerlo- para dar mayor poder al Gobierno de turno frente a la oposición. Una vez conseguidas esas reformas, y constatada nuevamente su incapacidad para arribar al vergel tan deseado, en lugar de reconocer su propia incompetencia, invariablemente, vuelven a culpar de su fracaso a la radical oposición; todo ello para volver a solicitar, una vez más, un incremento de sus poderes que, esta vez sí, les permitan la ansiada y prometida felicidad suprema que se antoja ya al alcance de los dedos. Lejos de ello, la realidad nos enseña, con tozuda contundencia, que esto se acaba convirtiendo siempre en una espiral autoritaria que solo termina cuando el Gobierno alcanza el poder absoluto, momento que suele coincidir con aquel en el que la sociedad alcanza la ruina absoluta. Este proceso, que alguno puede tachar de exagerado, lo hemos vivido muchas veces a lo largo de la historia, incluso en países muy desarrollados social, cultural y económicamente. Tenemos un ejemplo reciente en nuestra querida y hermana Venezuela.

El profundo radicalismo que encierra la desafortunada frase de la señora Celaá no debe ser pasado por alto. No debe ser infravalorado. Ni debe ser combatido con igual radicalismo e ineficacia. La sociedad española tiene un reto pendiente -permanentemente pendiente diría yo- que no es otro que el de la Reforma Educativa. Una profunda reforma, consensuada, que garantice la pujanza de nuestra sociedad en los años venideros, sin sembrar en esa reforma una ideología que nos perpetúe en el uso del poder a los “unos” frente a los “otros”. El objeto de esa reforma no debe ser otro que la verdadera preparación integral de nuestros jóvenes. Debemos establecer un nivel mínimo para todos y escalar los sucesivos niveles en consonancia con el de las enormes exigencias técnicas y profesionales que van a presentárseles en el futuro y en función de las capacidades de cada uno. Todo ello debe hacerse respetando un marco de libertad que garantice a los padres -a todos y de una forma efectiva- el derecho al tipo de educación que quieren para sus hijos, incluyendo, tal y como establece el ya citado artículo 27.3 de la Constitución,  la religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Ello no obsta la difusión apartidista de los valores superiores que, desde el punto de vista político, proclama la Constitución de la Concordia como base de nuestra convivencia. Una exitosa convivencia desde hace ya cuarenta años.

Se me pide últimamente que vuelva la vista cuarenta años atrás para escribir sobre nuestra Constitución de la Concordia de 1978 cosa que, como bien saben, no me cuesta trabajo alguno. Pese a ello, y sin dejar de atender la petición que se me hace, me van a permitir que les invite a irnos un poco más lejos para empezar… Y lo hago, porque si volvemos los ojos a la Castilla de 1450 veremos una incipiente nación dividida por las guerras de sucesión, el caos y la corrupción bajo los reinados de Juan II, Enrique IV y su medio hermano Alfonso, hasta que, en 1474, asume el trono Isabel la Católica. Cuando treinta años después muere Isabel, esa Castilla, convertida ya en España, no solo era la nación hegemónica en Europa, era la nación hegemónica en el mundo. Sin complejo alguno podemos afirmar que esa hazaña es solo comparable a la Roma de Trajano. Y a esa Roma, se le puede comparar en lo artístico, en lo político, en lo económico, incluso en lo social; pero no es comparable, ni mucho menos, desde el punto de vista espiritual. En ese campo, el imperio español de aquellos tiempos estaba muy por encima del que estuvo el romano nunca.

Si nos acercamos un poco más en el tiempo a la petición recibida, hasta 1975, veremos que, en esta ocasión, no nos hicieron falta treinta años, nos hicieron falta solo tres. Tres años para despejar los malos augurios y asombrar al mundo con una transición política ejemplar y única que, todavía hoy, se sigue estudiando en las universidades más prestigiosas del mundo. Esa transición modélica y ejemplar que asombró al mundo entero, no asombró por tener un rey joven, moderno, políglota. Tampoco asombró al mundo un presidente audaz y comprometido con la democracia. Y tampoco lo hizo una Constitución moderna, respaldada por un pueblo entero y homologable a la de cualquiera de nuestros vecinos. Lo que de verdad convirtió en excepcional todo aquel proceso, fue la forma en la que se hizo. Algo tan sencillo como eso, la forma. Que un país dividido, recién salido de una guerra fratricida, tras cuarenta años sin libertades políticas, fuera capaz, sin quebrantar una sola ley, de levantar un Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria a través del diálogo y el acuerdo casi unánime, era algo inédito. Por fin, la concordia entre los españoles fue posible.

Se me pregunta a menudo por la receta… y es tan sencilla como difícil de aplicar. Dos fueron los ingredientes: fijar objetivos comunes y aceptar sacrificios personales. Su aplicación llevó a España a una transformación extraordinaria. Pero la transformación fue extraordinaria porque fuimos una sociedad extraordinaria. Extraordinariamente exigente a la hora de fijar objetivos comunes para toda la Nación. Fuimos una sociedad extraordinariamente exigente a la hora de fijar el compromiso personal de cada uno para con su Nación. Y fuimos, también, una sociedad extraordinariamente generosa abandonando los intereses particulares de cada uno, por muy legítimos que fuesen.

Decía mi padre: «Creo que la piedra angular sobre la que, en nuestra transición, se asentó la democracia, consistió precisamente en la implantación política y vital de la concordia». Después de esto, es difícil no asombrarse con lo que vemos y escuchamos hoy en nuestra querida España. Y lo digo porque la Constitución es el gran instrumento que impide la persecución del discrepante, iniciada con Fernando VII, y la casa común de la mejor España. La que quiere trabajar y convivir en paz y en libertad. La que no quiere que la excelencia, personal o colectiva, sea invocada como fuente de privilegio, si no puesta al servicio de los demás.

Aprendí de Julián Marías el enorme valor de la ilusión; esa ilusión que él entendía como una esperanza cuyo cumplimiento nos es especialmente apetecible; como el motor que es capaz de hacernos perseverar frente a las dificultades; o, mucho más bonito todavía, como esa capacidad de imaginar un futuro mejor por el que merece la pena luchar. Yo, en nombre de quien ya no puede hacerlo, debo invitarles a todos, a cada uno desde su sitio e ideología, a construir ese futuro común sobre los principios y valores en los que fundamentamos, no solo nuestra existencia como personas, sino también como Nación, y lo primero para ello, es no permitir jamás que ese futuro se construya al margen nuestro.

Creo que es importante homenajear a nuestros próceres, ellos son un modelo a seguir en esa construcción interminable de nuestro país. Esto, en nada contradice el derecho de toda generación a escribir su propio futuro, solo reclama tener en cuenta lo grande y bueno que se ha hecho antes para ser capaces de volar más alto y más lejos.

Pocos lugares en España se asemejarán más a un panteón de próceres que la catedral de Ávila. Allí descansan los restos de dos grandes hombres. Uno, mi padre. El otro, Claudio Sánchez Albornoz, presidente de la República en el exilio, historiador insigne, gran hombre y liberal por convicción, le escribía a un amigo suyo en 1973: «Deseamos que mañana, curados de la locura tradicional de la estirpe, hallemos una senda de concordia y libertad. La historia de España permite arraigar la esperanza de que es posible enderezar nuestro camino».

Si uno esto al epitafio que tuve el honor de grabar en la lápida de mi padre: «La concordia fue posible», y a la profunda convicción de que nada está definitivamente ganado, ni nada está definitivamente perdido; de que todo depende de la ilusión, el esfuerzo, la convicción que pongamos en conseguir los objetivos que como Nación seamos capaces de marcarnos, me hace albergar la esperanza de hacer renacer la concordia entre todos los españoles. Con todo el respeto que merecen estas palabras y con toda la humildad a que me obliga el reconocimiento de mis propias limitaciones, les puedo prometer y les prometo que voy a dedicar el resto de mi vida a que eso sea posible.

Para un empresario, siempre es buen momento de hacer un balance de situación de su empresa y repensar estrategias a la luz de los datos. Creo que el cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución, la
Concordia, es sin duda una oportunidad extraordinaria para realizar un ejercicio de ese tipo.

Es obligado preguntarnos si ha servido al fin para el que se diseñó ese “plan de negocio”, identificar problemas encontrados durante su ejecución, posibilidades de reforma y, en su caso, vigencia de cara al futuro. Insisto, nada extraño para cualquier responsable de una cuenta de resultados.

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la Constitución del 78 era devolver la soberanía al pueblo español y dotarle de un marco de convivencia estable en el que pudieran gobernar partidos de distinta ideología, la respuesta no puede ser más positiva. Si repasamos la historia de nuestra Empresa/Nación, no tardaremos en descubrir que, en los 500 años desde su fundación, solo hemos tenido cuarenta en los que confluyan Democracia, Paz, Concordia y Prosperidad Compartida. Precisamente los cuarenta últimos.

Es también muy cierto que hay problemas evidentes y muy graves, pero ¿de verdad son achacables a la Constitución en si misma? Quizá una de las críticas más recurrentes a nuestra Carta Magna se refiere a las autonomías, sus competencias y algunas deslealtades… Pero vayamos por partes. Echarle las culpas de los problemas de funcionamiento de las Comunidades Autónomas a nuestra Constitución, es como echarle la culpa de los muertos en accidente de tráfico al inventor de la rueda. El Capítulo Octavo hace un buen diseño que ha servido para dar un impulso muy importante al desarrollo de cada una de nuestras regiones, pero -siempre hay un pero-, quedaba un cierto margen que debía garantizarse con lealtad y responsabilidad. Desafortunadamente no siempre fue así. Y no se equivoquen; la culpa no es solo de los nacionalistas, es también nuestra. Del Partido Popular y del Partido Socialista; porque la culpa no es solo de quien injustamente pide, si no también de quien injustamente da. Y esos fuimos nosotros. PP y PSOE, incapaces de pactar el uno con el otro y ceder determinadas exigencias mutuas, preferimos pagar con dinero y prebendas, porque era más fácil comprar que convencer. Desgraciadamente, al cabo de varios años y varias alternancias, el dragón ha tomado proporciones descomunales. Los partidos constitucionalistas deben garantizar la estabilidad de un gobierno constitucionalista -para que cumpla su programa- sin necesidad de pagar peajes a los nacionalismos insaciables y desleales. Si no se hace así, además de acabar cumpliendo su programa, veremos igualmente cumplidas las indeseables aspiraciones de los que solo buscan la destrucción de España y su propio beneficio. Buena prueba de esto es lo que está aconteciendo con este último Gobierno, tan legal como incomprensible. Es para mi una verdadera decepción ver a un partido tan digno de elogio y compañero en la construcción de la magnífica España que surgió de la Transición, patear todo su prestigio ganado con el esfuerzo y la sangre de muchos de sus militantes, de la mano de aquellos que no buscan otra cosa que la desmembración de España o de partidos que defienden el uso de la violencia, -incluso contra uno de los padres de la Constitución- la extorsión y el asesinato. El precio es muy alto. Merecerá la pena si esta etapa de ignominia acaba pronto, no nos trae mayores consecuencias y somos capaces de aprender. Nosotros, en el PP, les puedo asegurar que hemos aprendido.

Apuntaba al principio que en todo ejercicio de balance debe incluirse un capítulo dedicado a posibles reformas y acciones de futuro. Y distingo unas y otras. Respecto de las acciones, entendiendo por tales aquellas que no necesitan reformar el texto constitucional, creo que debemos incluir dos fundamentales, al margen del entendimiento propuesto más arriba: una reforma integral de la Educación para todo el territorio nacional y una reforma no menos integral de la Justicia.

La sociedad de hoy exige a un Sistema de Educación para el conjunto de España que garantice la pujanza de nuestra sociedad en los años venideros, sin buscar en la reforma la perpetuación de una ideología que nos “garantice” a “unos” el poder frente a los “otros”. El único objetivo de esa reforma debe ser la formación integral de nuestros jóvenes, garantizando un nivel mínimo para todos -incluyendo todo el territorio nacional- y estableciendo los sucesivos grados en consonancia a las grandes exigencias que esos hombres y mujeres deberán afrontar en el futuro. Todo ello dentro de un marco de libertad que garantice a los padres, de forma efectiva, el derecho al tipo de educación que quieren para sus hijos. Incluida la religiosa.

Este país exige también una reforma la Justicia que le devuelva a esta institución la confianza de los ciudadanos y la dote de los medios modernos que necesita, empezando por un sistema informático único y un buen diseño de la oficina judicial en todos sus extremos. Debe incluir esa reforma un sistema de gobierno verdaderamente autónomo e independiente de los partidos. Eso no excluye que sea el Gobierno y el Parlamento quienes marquen la política de justicia y su control tal y como les corresponde.

Reformas como tales hemos visto unas cuantas, algunas tan sensatas como la que hace referencia al equilibrio presupuestario, tan difícil de tragar para políticos demagogos. Toda generación tiene derecho a construir su futuro, pero la reforma constitucional, sin ser tabú, no puede ser tomada como arma contra tu adversario político. Para llevarla a cabo, debe ser identificado un problema común, una solución razonable y que esta sea discutida de forma discreta entre todos los participantes. Una vez consensuada, podrá ser propuesta como tal reforma al conjunto del país.

Visto todo esto, no puedo si no afirmar que nuestra Constitución de la Concordia sigue siendo válida hoy en día. Sigue siendo el muro que impide la inveterada costumbre española de perseguir al discrepante y sigue teniendo la capacidad de marcar el campo de juego para que muy diversos partidos puedan seguir haciendo prosperar a nuestra gran Nación. Necesita, eso si, de una sociedad mucho más exigente con los políticos y consigo misma, para impedir desmanes intolerables, pero para ello, solo nos hace falta entender que todo depende de cada uno de nosotros…

Si veinte años no es nada… en la vida de un ser humano, ¿qué son cuarenta en la vida de una Nación? Pues nada y todo. Nada en un contexto de concordia; todo en un contexto de discordia.

Aunque solo nos costó un año y medio redactar la Constitución de la Concordia, es inenarrable lo que nos costó estar en condiciones de poder escribirla como se hizo. Tuvieron que pasar casi dos siglos desde la primera, siete constituciones, innumerables desgracias, incluidas varias sublevaciones, una guerra civil y cuarenta años seguidos de dictadura para estar en condiciones de acordar entre todos la primera y única Constitución pactada de toda nuestra historia de ya quinientos largos años. Se dice pronto, pero es increíble. Es increíble que una nación como la española, que ha sido hegemónica en el mundo, que ha llevado a cabo una de las historias de expansión y civilización más importantes -que todavía algunos interesadamente critican y de la que nos podemos sentir muy orgullosos-, hallamos tardado tantísimo tiempo en asentar la Concordia entre nosotros.

Con esto en la cabeza, no les extrañará que me parezca una locura el asalto al que se ve sometida nuestra Carta Magna en estos tiempos. Para empezar, es indispensable recordar por enésima vez que esta Constitución nos ha dado los únicos cuarenta años de toda nuestra historia en los que han confluido paz, democracia, libertad y prosperidad compartida. ¡Los únicos! Algo tiene esta tan “imperfecta obra” para haber conseguido semejante logro en un país tendente al enfrentamiento. Y eso es, precisamente, que fue acordada por todos, con cesiones de todos. Fuimos capaces de señalar los objetivos comunes, fuimos capaces de aceptar sacrificios personales y fuimos capaces de renunciar a intereses particulares, por muy legítimos que fueran, para hacer realidad los sueños de todos. Por primera vez compartimos nuestros sueños en lugar de imponerlos. Por fin, la concordia fue posible.

Además de compartir los sueños, aprendimos que se puede cambiar todo un Estado sin quebrantar las leyes, base fundamental de la concordia y la libertad, porque ni estas, ni aquellas,  sobreviven las unas sin las otras. Lo que me lleva de nuevo a la actualidad para preguntarme ¿cómo es posible que, si fuimos capaces de transitar desde una dictadura a una democracia sin incumplir una sola ley, hoy algunos nos planteen que debemos quebrantar una Constitución plenamente democrática para alcanzar no sé qué ensoñación que no compartimos todos?

Todavía hoy sigo recibiendo invitaciones de muy importantes instituciones académicas de todo el mundo para explicar a sus alumnos las claves de aquel irrepetible proceso del que podemos sentirnos protagonistas y legítimamente orgullosos todos los españoles. Mientras, en nuestra querida España, tierra de contrastes, unos andan intentando cambiar la historia para acercar el ascua a su sardina, y otros campan con la boca llena de rupturas e imposiciones. Pues no, señores, no. Eso es precisamente lo que habíamos desterrado de nuestra vida política hace ya cuarenta años a base de concordia. Imposiciones no, ninguna. Y avergonzarnos de la mejor parte nuestra historia y de nuestros políticos, menos.

Hay reglas que no se deben violar en democracia, y especialmente una: la Constitución, norma básica del país, debe estar consensuada entre todos. Algo tan simple como eso, permite la alternancia pacífica en el uso del poder sin que cada cambio de Gobierno suponga un trauma nacional. ¿Es una limitación?… sí, bien es cierto. Pero a cambio se obtienen largos periodos de progreso, bienestar y paz como el que hemos vivido desde 1978.

En nombre de quien ya no puede hacerlo, creo que tengo toda la legitimidad del mundo para pedirle a nuestro Gobierno y a nuestros partidos de oposición que asuman sus tareas con la misma generosidad, desprendimiento y altura de miras con la que se gobernó en aquellos años. Sé muy bien lo mucho que estoy pidiendo. Recuerdo vivamente la falta de colaboración de la oposición en muchos temas; las luchas intestinas dentro del propio partido; los insultos, la descalificación personal y la incomprensión generalizada durante mucho tiempo. Pero permítanme también recordar el inmenso caudal de frutos que todo aquel esfuerzo supuso y que, todavía hoy, seguimos disfrutando.

Es hora de convocar a la mejor España a volver a participar en la vida política de forma activa y generosa. Esa España que quiere convivir y trabajar en libertad. Esa España que desea compartir sus sueños, aun teniendo que adaptarlos, en lugar de imponerlos. Esa España que entiende que la excelencia, ya sea personal o colectiva, no puede ser nunca fuente de privilegios, antes bien, debe ser puesta al servicio del más necesitado. Esa España que construyó el futuro que hoy disfrutamos, late en cada uno de nosotros. Convoquémosla todos para seguir construyendo la obra inacabable de España.

Para un católico como yo, escribir la necrológica de un gran hombre y amigo, tiene un inevitable sabor agridulce. La tristeza matiza la enorme alegría de saberle ya en la Casa del Padre; la alegría matiza la tristeza de entregarle a la tierra, aún llenos de esperanza.

Uno de los privilegios de ser hijo de un gran hombre es el conocer a otros, no menos grandes. Tuve el honor de tratar a Miguel Primo de Rivera desde mi más tierna infancia y poder trabar con él una amistad, independiente de la muy mayor que mantuvo con mi padre, basada en dos grandes pasiones compartidas. La política y la caza, gracias a la cual tuve oportunidad de compartir largas jornadas hablando de la primera.

Son muchas las cosas que un Suárez debe agradecer a Miguel, y todo español de bien, también. Paso casi de puntillas por su etapa al frente de la alcaldía de Jerez, pese a ser su mayor orgullo y haber sido honrado con el título de Alcalde Perpetuo y Honorario, Hijo Adoptivo y Medalla de Oro de la ciudad, dejando así constancia de que también los jerezanos pueden nacer donde quieran, incluido San Sebastián…

Pero es en el Consejo del Reino y en las Cortes Generales del año 1976 donde presta algunos de los servicios más importantes de su vida a España, ayudando a que fuera posible la Concordia a través de una transición, pacífica y ordenada desde la ley, de una dictadura a una democracia plena, construyendo sobre el viejo, un nuevo Estado social y democrático de derecho bajo la forma de una moderna monarquía parlamentaria. Eso, hoy tan fácil de escribir, es bueno recordar que no se había conseguido jamás.

En el Consejo del Reino del 3 de julio de 1976, que tan magistralmente presidió Torcuato Fernández Miranda, Miguel jugó un papel fundamental para que este pudiera “estar en condiciones de dar al Rey lo que el Rey le había pedido”, que no era otra cosa que incluir el nombre de Adolfo Suárez González en la terna, para dar inicio al plan trazado y a la Transición propiamente dicha.

Cumplido ese trámite, y planteada ya a la sociedad por Adolfo Suárez la hoja de ruta que nos llevaría hasta las elecciones de junio de 1977 en su primer discurso como presidente, quedaba un hito fundamental para poder cumplir el principal objetivo de devolver la Soberanía Nacional al pueblo español sin quebrar una sola ley: la aprobación del proyecto de Ley para la Reforma Política, cuyo borrador había sido preparado por el mismo Fernández Miranda y enriquecido con diversas aportaciones. Conseguir que aquellas “Cortes Franquistas” aprobasen por más del 81 por ciento de los votos la Ley que abría las puertas a la democracia, fue una inmensa obra de orfebrería política, jamás suficientemente agradecida. Ni a los que la hicieron posible, entre cuyos miembros figura con letras de oro el nombre de Miguel Primo de Rivera; ni a las propias Cortes, que, teniendo el futuro de España en sus manos, supieron entender que ese futuro no les correspondía y que debía ser una nueva generación de políticos, elegidos libremente por los españoles, quienes lo escribieran. Aquel 18 de noviembre de 1976 fue un día clave, se abría la esperanza a una Transición a la democracia con las mayores garantías posibles de llevarla a cabo en paz y con plena libertad. Es cierto que no faltaron quienes quisieron entorpecer el camino, pero el pueblo español, la clase política y el Rey a la cabeza, se impusieron a base de compartir sus sueños, los sueños de todos.

Sirvan estas líneas para rendir homenaje en esta fecha tan señalada a un buen servidor de España. A ti, querido Miguel, y a todos los que hicisteis posible la mejor España. Gracias y un fuerte abrazo que te ruego hagas extensivo a mis padres.

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