La ceguera tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad; esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista –por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras de SM El Rey llamando a todos a “…grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis…». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre “… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…” y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quién tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas… ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado –cosa increíble- o las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los “aledaños mediáticos” de mi partido –que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del gobierno.

Yo tengo claro que la responsabilidad –que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Gobierno, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas –incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que, con su sola presencia en La Moncloa, se ablandarían los terroristas… Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero –esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso, no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que cabe es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas, y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo… y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.

Jueves, 08 de marzo de 2007

Hablando del reagrupamiento de presos mientras estaba secuestrado Ortega Lara, escribí el martes 6 que el Gobierno Aznar hizo lo que debía, “sin vulnerar la legalidad”, y nadie se lo reprochó entonces ni ahora. Y a renglón seguido: “Como nadie le reprochó al Gobierno Suárez el pago de un rescate por Javier Rupérez en 1979 y nadie se lo reprochará jamás”.
Esas tres líneas motivaron ayer una carta de rectificación de mi amigo Adolfo Suárez Illana. Dice en síntesis que Antonio Casado “ha errado gravemente”, pues “es absolutamente falso que Adolfo Suárez González, mi padre, pagara rescate alguno, jamás”. Y que de haberlo hecho, él, su propio “hijo y amigo”, se lo hubiera reprochado porque “el pago de un rescate a los terroristas constituye un delito perseguible de oficio”.
Desde la humildad de quien ha aprendido a equivocarse y sentir el alivio de reconocerlo, la cariñosa carta que me dedica Suárez Illana reclama una respuesta profesional y personal. La profesional se remite a la deposición del general Sáez de Santamaría (fallecido en agosto de 2003) ante el tribunal del caso ‘Fondos Reservados’ (otoño 01). La personal se complace en la ocasión de renovar mi afecto por Adolfo Suárez Illana y mi profundo respeto por el presidente Suárez, el hombre que abrió por dentro las puertas del franquismo para que entrase el aire nuevo de un país con hambre atrasada de libertad.
En la crónica de Carmen Remírez sobre las sesiones de aquel juicio (diario El Mundo, 1 noviembre 2001), se lee: “El general José Antonio Sáenz de Santamaría salpicó la memoria de los gobiernos de UCD con episodios como el secuestro de Javier Rupérez, hoy embajador en Washington, en noviembre de 1979. Según su testimonio, el presidente Adolfo Suárez en persona ordenó pagar a los etarras 200 millones de pesetas, en una reunión que se celebró en su presencia y en la del entonces ministro de Interior, Antonio Ibáñez Freire”.
Como es sabido, el perjurio es delito en la declaración de un testigo, y las actas del juicio confirman la información de El Mundo. Sáenz de Santamaría sostiene que se pagó el rescate de Rupérez con cargo a fondos reservados y aventura una cifra: 200 millones. Veintiocho años después, mi amigo, el hijo del presidente Suárez, que entonces estaba en el colegio, sostiene que la cantidad total de fondos reservados presupuestada para aquel año era de 100 millones de pesetas, justo la mitad del presunto pago a ETA por la liberación del diputado centrista.
El entonces presidente del propio del Gobierno, Adolfo Suárez, lo desmintió en varias ocasiones. Pero otros actores de aquel momento político siguieron defendiendo la tesis de que, efectivamente, se pagó rescate. Vale la pena descifrar al propio Javier Rupérez en declaraciones realizadas en su día a la Prensa: “No tengo por qué saber cómo o por qué se produjo mi liberación aunque un prurito de transparencia me llevó a interrogarlo y a concluir sin asomo de duda que mi vida no había costado nada significativo a nadie, patria, principios, honras o dineros, ni siquiera reservados”.
Al abajo firmante le sale al paso la disyuntiva de otorgar más credibilidad a unos u otros, pero no se inventa nada. La palabra de un hombre honesto como Adolfo Suárez, o la de su hijo, que con tanta gallardía defiende la limpia memoria política del presidente, son para mí barandillas morales lo bastante seguras como para convertirlas en el mejor aval de un dato histórico o de una información determinada. Por tanto, no se me caen los anillos por retirar la afirmación de que el Gobierno Suárez pagó un rescate para liberar a Rupérez en 1979, en base a la autoridad moral de quienes lo niegan.
Pero, insisto, yo no me inventé nada. En todo caso, el desmentido de mi amigo Adolfo se debería haber centrado en quien colocó el asunto en el circuito de los datos consabidos: el general Sáenz de Santamaría, un icono de los militares demócratas de la transición, jefe de la Policía Nacional cuando se produjo el secuestro de Rupérez, jefe de la lucha antiterrorista en el País Vasco y luego director general de la Guardia Civil. Como fuente del dato aireado ante un tribunal de justicia, incluido en mi comentario del martes, no parecía muy averiada en principio.

Estimado Director, querido Jesús:

En el día de ayer su periódico -El Confidencial- publicó un artículo firmado por don Antonio Casado, por quien siento profundo afecto y respeto tanto en lo personal como en lo profesional, aún en la también profunda discrepancia.

A lo largo de su artículo, el señor Casado va dando su opinión acerca de la crisis provocada por la progresión en el grado concedida al miserable De Juana ese. Está en su derecho y ahí nada tengo que decir por mucho que discrepe.

Ahora bien, en un punto dice textualmente: “Como nadie le reprochó al Gobierno Suárez el pago de un rescate por Javier Rupérez en 1979 y nadie se lo reprochará jamás”. Además, esto da la impresión –pido disculpas si no es así- que lo pone en relación con una frase anterior que viene a justificar la acción por hacerse sin vulnerar la legalidad.

Insisto en mi respeto y afecto por el señor Casado, pero en este caso ha errado gravemente e intentaré explicar por qué.

Primero, es absolutamente falso que Adolfo Suárez González, mi padre, pagara rescate alguno jamás. Confío plenamente en la buena fe de don Antonio y sé, porque le conozco, que intentará averiguar la verdad sobre el caso. Si me permite, le facilitaré las cosas remitiéndole a los numerosos libros que hacen referencia a aquel suceso y que, como el de Carlos Abella o el que en breve se va a publicar por don Federico Quevedo y que tengo el honor de prologar y alentar, recogen los testimonios de don Joaquín Ruiz-Giménez, por aquel entonces presidente de la Comisión por la Liberación de Rupérez, integrada, entre otros, por doña Francisca Sauquillo. El señor Ruiz-Giménez no ocultó su profunda preocupación tras recibir la negativa del gobierno presidido por mi padre a aceptar ninguna de las pretensiones de los terroristas. Le transcribo las palabras de don Joaquín: “El presidente Suárez nos señaló dos puntos muy claros: que no habláramos para nada de rescate ni de excarcelaciones, que era una de las condiciones expuestas por ETA (p-m) para su liberación. De los que estuvimos en aquella comisión todos estamos convencidos de que no hubo rescate alguno”. Más adelante decía: “hubo un primer momento en que se habló del pago de un rescate. La cantidad osciló en torno al millón de pesetas de la época, y fue propuesta por los terroristas en su primer comunicado tras el secuestro”. Sin embargo, precisa Ruiz-Giménez que “después no se volvió a hablar del tema, porque quedó claro que no íbamos a pagar ningún rescate. Categóricamente se rechazó”.

Segundo, el pago de un rescate a los terroristas sería contrario a la ley y constituye un delito perseguible de oficio. Insisto una vez más, no creo que el señor Casado pretenda imputar un delito a mi padre. Menos aún, cuando todos sabemos que el señor Suárez no cedió al chantaje de los enemigos de la libertad ni siquiera cuando estuvo en jaque su propia vida. Le aseguro que tampoco cedió cuando la vida en juego era la de su amigo Javier, que por desgracia, no fue el único caso de secuestro al que se tuvo que enfrentar, algunos con dramáticos finales, muy parecidos al de Miguel Ángel Blanco.

Tercero, dice que “nadie se lo reprochará jamás”. Se equivoca. Yo, su hijo y amigo lo haría. Me he pasado la vida entera recibiendo sus enseñanzas y viéndole practicarlas hasta el heroísmo –y le ruego me permita en este punto un grado de discreción-. Sería para mi una profunda desilusión que hubiera cedido, por muy comprensible que pueda resultar tal cesión. Sé de su boca que no cedió, pero entiendo las dudas de los demás. A ellos les digo que los hombres tenemos derecho a sentir miedo e incluso ser débiles, pero aquellos que tienen el honor de gobernar un pueblo pierden ese derecho. Esto, que parece solo una bonita frase, es lo que le llevó a Adolfo Suárez González a no perder la dignidad del cargo el 23 de febrero. No cuadra ese Presidente con el que menciona el señor Casado.

No puedo dejar de insistir en la confianza que tengo en la buena fe de don Antonio Casado, como estoy seguro que él entenderá mi obligación de aclarar sus palabras.

Reciba don Jesús un muy cordial saludo y mi más sincera enhorabuena para usted y todo su equipo por su periódico.