Como ya me han oído en más de una ocasión, nunca asumo la representación de mi padre para recibir honores. Únicamente acepto tal representación cuando se trata de rendir justo homenaje a un tercero. La razón no es otra que la de no adquirir un protagonismo que en absoluto me corresponde. Además, el que se resalte en esos homenajes la ausencia física de quien para nosotros está tan presente todos los días, creo que le da una mayor fuerza simbólica a esos actos y evita centrar en mi persona, aun de forma delegada, honores y recuerdos.

Dicho esto, creo que es justo asumir tal representación en una ocasión como esta, en la que se rinde justo homenaje a un periódico centenario y emblemático en la historia de España; y más, si cabe, en este número en el que se exalta el orgullo de ser español.

Es difícil señalar un único motivo por el que mi padre se pudiera sentir orgulloso de ser español, pero si he de arriesgarme a hacerlo, diría que ese es el comportamiento del pueblo español durante la Transición.

A lo largo de todo aquel proceso, la obsesión permanente –si me permiten la expresión- de S.M. el Rey y de mi padre, como Presidente del Gobierno, fue devolver la soberanía perdida a los españoles. A todos. Hoy, más de treinta años después de ser aprobada la Constitución de la Concordia, con todos sus posibles defectos, creo que es motivo de legítimo orgullo el ver cómo se recibió esa soberanía y el uso que de ella se hizo durante aquellos años. Sin embargo, como él mismo dijo al aprobarse, no se habían acabado los problemas. Habíamos andado buena parte del camino, pero nos quedaba mucho por andar.

No había soluciones mágicas entonces, no las hay hoy, ni las habrá jamás; pero si existe ya la certeza de que no hay problema ni crisis alguna, por importante que esta sea, que el pueblo español unido no sea capaz de superar. Tan solo es necesario un liderazgo sólido que nos invite, a todos, a poner la necesidad común por delante de la exigencia particular y que nos vuelva convencer, a todos, de que la política no es un patio donde unos cuantos se reparten poder y dinero, sino el lugar donde gente cabal entrega vida, talento y esfuerzo al servicio de todos los españoles.

“¡Miserable!, ¿por qué gritas? Me perteneces porque soy más fuerte que tú. Irás a donde a mi me plazca, por buen cantor que seas, y depende de mi capricho el que me sirvas de alimento o que recobres la libertad. Loco rematado es quien resiste a uno más fuerte que él; además de no conseguir la victoria, a la vergüenza añade el sufrimiento.”

Si nos quedáramos solo con este párrafo que, de la antigua fábula griega de “El Gavilán y el Ruiseñor”, nos ofrece Hesíodo en su poema “Los Trabajos y los Días” entremezclándola con la leyenda de Filomena, estaría justificada la más absoluta de las depresiones…

Es Hesíodo un personaje curioso dentro de la historia de la poesía que, en cierta medida,
comparte algunos elementos comunes con otro gran poeta de rabiosa actualidad: Miguel Hernández. Fue Hesíodo pastor y campesino allá por el siglo VII A.C.. Hijo de un hombre relativamente bien posicionado, compaginó sus labores agrícolas y ganaderas con la actividad poética por vocación divina, según él mismo nos cuenta. Pero no son esas “convergencias” con Hernández las que me hacen traer hoy al de Ascra ante ustedes, sino por la iniquidad de la justicia que también sufrió.

En un momento determinado, en su famoso “Mito de las Razas”, nos dice que estamos en la quinta raza; “la raza de hierro”, aquella en la que “… a los padres, cuando envejezcan, menospreciaran los hijos,…. Impondrán la fuerza por encima del derecho… solo se respetará al inicuo y al violento… El cobarde ganará siempre la partida al valiente mediante falsa palabrería, apoyada en falso juramento… La Conciencia –Aidos- y la Vergüenza –Némesis- volarán entonces de la vasta tierra al Olimpo, ocultando sus hermosos cuerpos… abandonando así a los hombres…” Es francamente desolador el panorama que este genio de la poesía helena, ganador en justa poética ante el mismísimo Homero, nos describe en este pasaje.

Créanme, soy capaz de adivinar su sorpresa ante lo que hasta ahora les he escrito y que bien podría reflejarse con un “plagio modificado” de otro insigne escritor que pagó con su vida la actuación de la injusticia: “…¿Y a qué viene, ¡vive el Cielo!,/ cuando tan grande es mi duelo,/ esa conseja endiablada/ de la justicia pagada/ de ese Hernández y un heleno?….”

Pues viene amigo a que hasta en esta noche institucional en que vivimos sin atisbo de lumbre de farol alguno, es evidente a los ojos de cualquier ciudadano mínimamente informado y despegado de la clase dirigente, que estamos viviendo una convulsa situación política, social y económica. Seguramente, una de las más complejas situaciones que  podamos recordar en tiempos de paz. A pesar de ello, y contrariamente a lo que la razón le dictaría a cualquier ciudadano sensato, nos encontramos con una clase política más enfrentada que nunca, más extendida que nunca, más enquistada que nunca. Frente a la sensibilidad de la necesidad común, entre nuestros políticos se ha instalado el sentimiento de la exigencia particular.

Bien saben todos los asiduos a estas páginas, las muchas veces que me he referido a la Justicia como una de las asignaturas pendientes más importantes de nuestra arquitectura institucional. No es posible que el garante de las libertades públicas, esto es la Justicia, esté permanentemente sometido al control y directrices de quien puede violar esas mismas libertades. Esto es, el Gobierno. Es en esa situación, cuando cobran pleno sentido los versos de Hernández: “… Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo,/ van por la tenebrosa vía de los juzgados…”

Cuando la pelea política se traslada a los juzgados, o mejor dicho, cuando desde los juzgados se pretende hacer política utilizando los medios de comunicación, estamos ante un problema de magnitudes incalculables, en términos de paz social.

He traído a colación versos de poetas que sufrieron en distintas circunstancias la iniquidad de una “justicia politizada”, y lo he hecho para hacerme una pregunta:  ¿No hemos aprendido nada en estos últimos 2.700 años? Porque es eso precisamente a lo que hace referencia Hesíodo cuando dice “…es preciso sufrir para que el buen sentido se imponga a la insensatez…” que, dicho de otro modo, significa que nadie escarmienta en cabeza ajena. Pero es que, por desgracia, nuestra cabeza colectiva ha sido ya golpeada en demasiadas ocasiones por este mismo palo como para no haber aprendido nada.

Acudimos estos días con perplejidad creciente a un espectáculo bochornoso que está sazonado con todos los ingredientes más amargos que han acompañado a la larga lista de nuestros errores colectivos.

Un juez estrella es sorprendido por las posibles pruebas que se publican de su iniquidad. Ante tales acusaciones, la Justicia –esta vez con mayúsculas- comienza a instruir, porque, como nos dice una vez más Hesíodo, “…Llorando la Justicia persigue por ciudades y moradas a los hombres que tratan de rehuirla o torcidamente administrarla…”. Pues bien, ante algo tan simple como esto, que debiera ser dejado en las solas manos de los jueces, como se afana siempre en repetir con la boca chicha todo político que se precie, el Gobierno de la Nación, ayudado de sindicatos, rectores y actores, y una pléyade de personajes de la izquierda, inician una campaña general para presionar al Tribunal Supremo con el objeto de impedir que quien mal ha obrado, bien pague. Ni más, ni menos. No se tiene, entre tanto, el más mínimo recato para hacer todo tipo de referencias a lo más negro de nuestro pasado. Un pasado repleto de asesinos, donde por igual motivo y de igual manera se daba muerte a un Miguel Hernández o a un Pedro Muñoz Seca.

No soy hombre especialmente sabio… ni quiero serlo, si por sabios se tienen esos hombres que hoy en día con sus hechos, palabras y ejemplos parecen haber sido instruidos en el odio y el rencor. ¿De qué me sirve el progresismo si no soy capaz de progresar con el?… ¿De qué me sirve la sabiduría si no soy capaz con ella de torcer lo que de maligno tiene la naturaleza humana, con el firme deseo de una libertad comprometida con el bien común?

Cuando abandonamos al “otro” y nos comprometemos en exclusiva con el “yo”, estamos renunciando al principio básico del verdadero progreso humano y sobre el que se ha cimentado y engrandecido toda paz social: el reconocimiento del “otro” como parte misma del “yo”. Esa permanente referencia a los “otros” para reforzar “nuestros “ argumentos, va en sentido radicalmente contrario al esfuerzo común que presidió los años de la Transición. Años en los que algunos alzaban la voz con versos de Machado para romper el inmovilismo de los poderosos y desterrar la derrota permanente de una sociedad enfrentada, sin más armas que la ilusión y el esfuerzo: “…está el ayer alerto/al mañana, mañana al infinito;/ hombres de España, ni el pasado ha muerto,/ ni está el mañana -ni el ayer- escrito.”

Bien cierto es que nada está escrito. Nada está definitivamente conquistado; nada está definitivamente perdido. Todo depende de nosotros mismos. Por eso, no estaría de más que, de entre nosotros –usted y yo-, se alzasen nuevas voces; voces que, como antaño, entre la algarabía de algunos poderosos enfrascados en conservar su hegemonía aun a costa de nuestro futuro,  fueran capaces de zafarse de entre las garras del potente gavilán que nos atenaza para gritar con fuerza, como Hernández, que “…hay un rayo de sol en la lucha/ que siempre deja la sombra vencida…” porque “…para el hijo será/ la paz que estoy forjando…”.

Artículo publicado en El Mundo el 30 de julio de 2010

Ayer se consumó, finalmente, la amenaza que pesaba sobre la actividad taurina en Cataluña desde hace unos meses. El parlamento de Cataluña ha decidido instar la prohibición de las corridas de toros en su territorio a partir del 2012 incluído. Nada extraño en estos tiempos en esa tierra en la que, al menos en el ámbito político y desde hace algún tiempo ya, reina la cultura de la intolerancia. Una tierra donde algunos partidos ya no abordan los problemas desde el prisma de la necesidad común, sino desde un firme y permanente deseo de imponer la exigencia particular.

Visto como aficionado práctico que soy, me produce una profunda tristeza la imposición que se me hace de un veto en Cataluña para practicar libremente lo que considero que es el espectáculo más singular de toda la Tierra: bailar a muerte con un toro bravo en una plaza. Ya han tenido oportunidad de leer en estas mismas páginas mis argumentos a favor de la Fiesta Universal en que hoy se ha convertido el arte de torear y no voy a profundizar más en esos argumentos. Simplemente quiero dejar claro que lidiar un toro en una plaza según las directrices que marcan los reglamentos taurinos en vigor, constituye una expresión artística, cultural, centenaria y mítica. Una actividad artística que se practica habitual y libremente en España, Francia, Portugal, Méjico, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador. Esporádicamente se practica también en otros países.

Como ciudadano con vocación e inquietudes políticas que también soy, me da más tristeza aún, si cabe, la imposición de semejante prohibición y la forma en que se ha llevado a cabo. En primer lugar, me llama poderosamente la atención un aspecto formal de la votación de ayer: los socialistas daban libertad de voto a sus diputados para que votasen en conciencia. Curioso, pero no seré yo el que critique ese punto, cuando soy un firme defensor de la responsabilidad individual de los diputados en asuntos de conciencia. No señor; lo que me asombra, y mucho, es que, muy poco tiempo antes, ¡los socialistas exigían unidad de voto en la “Ley del Aborto”! Me parece increíble que en un asunto de tan profunda trascendencia moral se exija disciplina de voto, para dejar luego libertad de conciencia en un asunto de importancia menor; al menos desde el punto de vista moral. Si no fuera por que el señor Montilla, al que todos creemos a pies juntillas, nos ha dicho otra cosa, pensaríamos que estamos ante una maniobra calculada para alcanzar la situación que, finalmente, se ha alcanzado. Gracias a la excusa no pedida del señor Montilla, nos quedamos mucho más tranquilos…

En segundo lugar, me produce un malestar urticante la prohibición. El hecho de que se trate de una afición supuestamente minoritaria, no justifica, en absoluto, el veto a su celebración. Si fuera así, ¿qué deberíamos hacer entonces con la filatelia?, por ejemplo. Si eso fuera cierto, sería mucho más inteligente el dejar morir por su propia incapacidad de regeneración a la Fiesta de los toros. Tampoco se tiene en pie, para justificar la prohibición, la tan manida referencia al sufrimiento animal. Una vez más, y aunque levante muchas ampollas, debo decir que me parece impresentable que, el mismo que defiende que un niño en el seno materno pueda ser troceado y muerto, me diga que le da mucha pena ver morir a un toro a manos de un torero armado solo con un estoque y una muleta. Me parece un acto de cinismo supremo. Puedo respetar y entender que el espectáculo taurino hiera la sensibilidad de mucha gente, pero no la de aquellos que defienden la barbarie del aborto.

Como hombre de leyes que soy, la extrañeza que me produce la prohibición, alcanza ya el grado sumo. Primero porque, como ya ocurrió con el asunto del Estatuto, se maneja el tema de la “soberanía catalana” o la “voluntad del pueblo de Cataluña” con una ligereza pasmosa. Para dejar el asunto claro desde el principio, hay que decir que el único titular de la “soberanía popular” es pueblo español en su conjunto, al que pertenecen de forma indisoluble todos los catalanes. Esto, lo dice la Constitución. Si la quieren cambiar, me parece muy bien que lo hagan, pero siguiendo las normas que nos hemos dado entre todos. En puridad, lo que decide el parlamento de Cataluña –todo- lo hace de forma delegada y no puede tomar, en solitario, decisión alguna que contravenga esa delegación. Por bajar la pelota al suelo y hacerme entender, diré que el parlamento de Cataluña tiene la capacidad de regular el espectáculo taurino –como puede regular también aspectos relativos a la sanidad- pero no tiene competencia para prohibirlo –como tampoco tiene competencia para prohibir la sanidad. Esto es lo que se desprende de la lectura artículo 149.1.28  de nuestra Constitución, donde se dice que “el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: (…) La defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la (…) expoliación; (…), sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.”

Si uno continua leyendo la Constitución de la Concordia, no sale fácilmente del asombro. Dice el artículo 46: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.” La verdad es que no hace falta ser un genio para interpretar rectamente este texto. Como tampoco hace falta ser Tomás Moro para saber que lo que dice el artículo 44. 1,  “Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho” es plenamente aplicable a la Fiesta de los toros.

Son muchos los artículos de nuestra Constitución que podría traerles hasta estas páginas para poner de manifiesto la ilegalidad de la medida votada ayer en el parlamento de Cataluña, pero no es el momento ni el lugar. Se abre ahora una larga batalla jurídica en la que algunos volverán a oficiar como víctimas. Nada más lejos de la realidad. La única víctima en este caso es la libertad. El único asesino, una vez más, el integrismo nacionalista intolerante.

La ceguera tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad; esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista –por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras de SM El Rey llamando a todos a “…grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis…». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre “… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…” y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quién tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas… ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado –cosa increíble- o las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los “aledaños mediáticos” de mi partido –que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del gobierno.

Yo tengo claro que la responsabilidad –que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Gobierno, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas –incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que, con su sola presencia en La Moncloa, se ablandarían los terroristas… Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero –esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso, no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que cabe es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas, y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo… y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.

“¿Por qué no podemos treinta años después de democracia tener una ley del aborto equiparable a los países más democráticos de nuestro entorno?” Con alguna diferencia leve, esta era la pregunta que se hacía esta pasada semana el Presidente del Gobierno de España.

Al margen de la mala construcción de la misma, la pregunta pone de manifiesto las carencias, los errores y la falta de consistencia del Presidente.

Hace ya algún tiempo corregía –desde mi punto de vista y con todo el respeto debido- una manifestación suya –del Presidente- en la que afirmaba que la vida era el “valor supremo”. En aquel momento reflexionaba yo diciendo que la vida no es el valor supremo. La vida, decía, es un don de Dios que compartimos con todos los animales y vegetales que pueblan la faz Tierra y que la profunda diferencia con todos ellos es la libertad. Ahí, y solo ahí, es donde reside la verdadera grandeza del Hombre: en la libertad. La libertad que cada uno tiene para hacer el bien o el mal.

Hoy, ese mismo Presidente, ese a quien entonces se le llenaba la boca de palabras tan grandilocuentes como vacías y faltas de compromiso para defender su indigna actuación ante el canalla etarra llamado De Juana Chaos, no tiene reparo alguno en defender con vehemencia el inexistente “derecho” a matar niños en el seno de su madre sin más límite que la voluntad de la mujer en cuestión y un número determinado de semanas. La falta de coherencia es patente.

Entre los errores, por no llamarlo de otra forma, aparece uno con claridad en la frase antes apuntada. El de asimilar la democracia con el aborto libre. Como ya me habrán escuchado en otras ocasiones, los neandertales también practicaban rudimentarias formas de aborto. No creo que, por ello, puedan ser tenidos como paladines de la democracia, ni tampoco del progreso. Más bien, todo lo contrario. Es asombroso que, como argumento supremo, el Presidente apele a la democracia y los países de nuestro entorno para apoyar una ley semejante. Por esa misma regla de tres, si los países de nuestro entorno aceptasen la pena de muerte –a la que tanto él como yo nos oponemos- nosotros tendríamos también que aceptarla… ¿por qué no? Una vez más, la inconsistencia se hace evidente.

Down

Quizá todo esto venga de una carencia de formación como es confundir derecho con don. En principio, cuando un ordenamiento jurídico establece un derecho determinado en una ley, debe establecer también quién está obligado a “prestar” el derecho en cuestión –y digo debe, por que no siempre ocurre así, como queda probado en el caso de la vivienda o el trabajo, aportaciones hechas desde esa misma óptica-. Así, por ejemplo, cuando se establece que los ciudadanos españoles “tienen derecho a la tutela judicial efectiva” se establece también que es el Estado español quien “esta obligado” garantizar esa tutela judicial.

En el caso de el malentendido “derecho a la vida”, todavía no sé quién es el que está obligado a dar esa vida. Lo que si sé es que, cuando una vida existe –nótese que la vida ya ha sido dada, es decir es un hecho preexistente-, todos tienen la obligación de respetarla y de no hacer nada que atente contra ella. Este es el verdadero sentido del “derecho a la vida” que se consagra en el artículo 15 de nuestra Constitución. Me interesa resaltar que cuando allí decimos todos, lo dice nuestra Constitución, no cabe excepción. Ninguna, por muy temprano que sea en el seno materno.

Para cumplir con ese mandato establecido en la Constitución, y corroborado por el propio Tribunal Constitucional, el aborto debería ser tratado de forma análoga a como es tratada “la legítima defensa”, esto es, como una excepción al principio general; un medio excepcional que es aceptado cuando este se convierte en el único a nuestro alcance para mantener la vida propia o ajena que se ve injustamente amenazada. Ese era el espíritu, tantas veces pervertido, de la ley anterior. El aborto no puede nunca ser un medio para librarse de un problema más o menos grave. El aborto, solo puede aceptarse cuando es la consecuencia indeseada de un tratamiento destinado a salvar la vida o la integridad de la gestante. Eso es defender la vida, el resto, es buscar atajos, tan indeseables como innecesarios, para salvar responsabilidades no apetecidas.

Parece compulsiva la oleada de pesimismo que se cierne sobre buena parte de la clase política española, acompañada en tal faena, por no pocos analistas, periodistas y pensadores diversos, que acaban arrastrando tras de si, un número creciente de españoles.

Todo lo que leo y escucho últimamente viene teñido de un color de fatalidad, cuya simple existencia, me entristece y espolea a un tiempo. ¿Cómo es posible que gente de gran nivel intelectual, caracterizados por su capacidad de esfuerzo y afán de superación, puedan hablar de forma tan fatalista? ¿Es posible que, junto a la gripe A, se nos haya colado un virus, cuyo contacto impregne a su víctima de un fatal determinismo histórico?

Si algo ha hecho grande al hombre, y muy especialmente a los españoles en nuestra reciente historia, eso ha sido, precisamente, la capacidad para alterar las cosas, su entorno y hasta su mismo futuro, gracias a la ilusión y al esfuerzo desarrollado en torno a un proyecto, por muy iluso que pudiera parecer en el momento de su concepción.

Si nada tuviera arreglo, si nada pudiera cambiarse, o si algo estuviera ganado para siempre, ni tendría sentido el esfuerzo para mejorar las cosas, ni tampoco la atenta vigilancia para mantener las buenas.

Intentaré centrarme. Desde hace ya tiempo, venimos escuchando voces que sitúan en nuestra Constitución de la Concordia todos los males de nuestra democracia y, a la vez que señalan la necesidad de cambiarla, nos vaticinan que los daños sufridos son ya irreparables. No estoy de acuerdo con la primera afirmación, podría estarlo con la segunda y es absolutamente irracional la tercera. Me explico.

Pondré un ejemplo harto conocido: se nos señala, desde ciertos ámbitos, que el Estado de las Autonomías instaurado en la Constitución del 78 es la fuente de todos los problemas actuales y que es el causante de la desintegración de España. Se nos dice igualmente que es necesaria su reforma, pero que los daños causados son ya irreparables. Esto es una contradicción en sí misma, pero aceptémosla.

Vayamos por partes. Es absolutamente falso que sea la Constitución Española y el Estado de las Autonomías en ella consagrado el causante de ninguno de nuestros males patrios. Eso es tan absurdo como culpar al inventor de la rueda y a la rueda misma de las muertes causadas por los vehículos a motor que las utilizan. Es más, creo que ha sido precisamente esa misma organización territorial, la que ha posibilitado un desarrollo económico y social hasta ahora desconocido en España, especialmente en sus regiones más desfavorecidas. Es cierto que todas ellas siguen siendo el “farolillo rojo”, pero es incontestable la importantísima mejora que la descentralización del Estado ha supuesto para ellas.

Pero también es cierto que, junto a ese desarrollo positivo, se ha ido produciendo otro proceso que ha terminado constituyéndose en un gravísimo problema y que, ciertamente, amenaza la unidad del proyecto común. Alcanzar el poder delegado que ejercen las Autonomías y Municipios –que procede, como todo poder en nuestro país, de la soberanía única del pueblo español en su conjunto- se ha ido basando en una continua y creciente exigencia localista, sin tener en cuenta ningún otro interés. Esto se ha producido tanto en Comunidades y Municipios gobernados por partidos regionalistas y nacionalistas, como en los gobernados por partidos nacionales; por usar una terminología comprensible que nada me gusta. En todos los partidos se ha aceptado el vuelco localista para ganar unas elecciones autonómicas o locales, con independencia del interés común de todos los españoles. De esto les puedo dar testimonio en primera persona. No caí en él, pero algunos me dicen que así me fue…

Bromas al margen, como consecuencia de este proceso y ayudados por una ley electoral concebida para una situación muy concreta, esos partidos con gran implantación regional se han hecho fuertes y han alcanzado posiciones decisivas en las elecciones generales. Esto, se ha unido, a su vez, a una falta imperdonable de altura de miras, visión de estado o simplemente responsabilidad, de casi la absoluta totalidad de la clase política española, que no ha tenido reparo alguno en dar a cada uno de estos partidos regionales todo lo que exigían, con tal de alcanzar el poder en un momento determinado; por supuesto, como mal necesario para alcanzar un bien común que está representado por su ocupación del poder y desarrollo de su proyecto político concreto.

Pero… ¿es de verdad culpable el que pide?… Sinceramente, creo que no. El culpable es, siempre, el que da injustamente; quien da aquello que él, en circunstancias normales, nunca daría. Es decir, los partidos regionalistas –o nacionalistas, no tengo intención de herir sensibilidad alguna- tienen todo el derecho del mundo a pedir lo que estimen oportuno para sus respectivas regiones, ya que no tiene proyecto más allá de las mismas. Son los partidos con proyecto nacional los que son responsables de que ese proyecto común, que es España, no se vea afectado por los individuales proyectos regionales que, es cierto, se han convertido con el paso de los años en absolutamente insolidarios. Por tanto, si hay desbarajuste autonómico en España, por llamarlo coloquialmente de alguna manera, los responsables no son PNV, CiU, BNG, PAR, CC o cualquier otro partido de carácter regional. Son precisamente PP y PSOE, quienes, con una visión francamente corta del interés nacional, han venido propiciando esa “fractura” al aceptar peticiones, absolutamente incompatibles con el proyecto común, en aras de obtener una mayoría suficiente para gobernar.

La Constitución del 78 fue un acuerdo de todos, pero tenía dos garantes fundamentales: la opción que hoy viene representada por el PP y el PSOE. Mientras ellos dos estuvieran firmes –representan al 90% de los españoles- ninguna amenaza tendría visos de prosperar. Desgraciadamente hemos visto flaquear a ambos partidos en momentos cruciales. Insisto en que la culpa es de ambos.

Esto tiene dos soluciones.

Una, la modificación de la ley electoral, trasladando así de una forma más ajustada a la realidad la composición de la Cámara. En este caso, es necesario reformar el Senado para que esas minorías regionales tengan la representación que merecen. No hay democracia si no hay posibilidad de escuchar a las minorías; como tampoco la hay, si estas se imponen a la mayoría. Difícil.

Dos, los partidos nacionales aceptan el gobierno estable del vencedor en las elecciones generales, y el vencedor acepta no tocar ninguno de los asuntos de Estado sin el acuerdo de la oposición. Muy difícil.

A la muerte de Franco, muchos creían inevitable un nuevo enfrentamiento nacional… pero el 9 de junio de 1976, un entonces desconocido Adolfo Suárez, reclamaba a las Cortes franquistas -poco antes de ser nombrado Presidente del Gobierno- esfuerzo y audacia para escribir un incierto pero ilusionante futuro. Les dijo con palabras de Machado:

…”está el ayer alerto
al mañana, mañana al infinito;
hombres de España, ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana -ni el ayer- escrito”

No estaba entonces, ni hoy, el pasado muerto; tampoco estaban el mañana ni el ayer escritos. El futuro de paz y prosperidad que gozamos se escribió a base de ilusión, audacia y esfuerzo en torno a un proyecto común que se llamaba España. Muchos de los que hoy se apuntan a ese éxito colectivo, hicieron lo que estuvo en su mano por impedirlo. El impulso y la decisión de todos los demás, hicieron realidad un sueño que sigue siendo posible.

Si hoy es necesario cambiar algo, que se haga. Pero como se hizo entonces. Desde el reconocimiento de la necesidad común, no desde la exigencia particular. Desde el escrupuloso respeto a la Ley, no desde el subterfugio leguleyo. Desde el entendimiento y no desde el enfrentamiento, incluso personal. Desde el respeto mutuo y no desde el desprecio al oponente.

Si en vez de simples palabras de alabanza hacía personajes tan dignos de ella, como Adolfo Suárez –y que en cualquier caso agradezco-, hiciéramos más por adecuar nuestras conductas a las de aquellos a quienes admiramos, posiblemente nos viéramos sorprendidos por el mismo éxito que ellos alcanzaron: un futuro de paz y prosperidad que dura ya treinta años. Su continuidad está en nuestras manos.

Estamos viviendo uno de los momentos, desde el punto de vista político, más interesantes que yo recuerde desde la Transición. Dos formaciones políticas antagónicas, enfrentadas e irreconciliables hasta hace tan solo unos días, han alcanzado un pacto de singular importancia. España entera asiste ahora expectante, esperanzada y encogida a la plasmación material de unos acuerdos ya firmados y cuyo desarrollo que puede llegar a cambiar el curso de la historia del País Vasco, de una vez por todas. A nadie se le escapa que no es tan solo el cambio de un gobierno autonómico lo que está en juego, sino la posibilidad real de acabar con la falta de libertad en el único rincón de Europa donde todavía se mata por discrepar. Eso es lo que los españoles tenemos de verdad hoy en la cabeza.

Han querido las urnas que el liderazgo de ese acuerdo y la responsabilidad de gobernar el País Vasco recaiga sobre los hombros del PSE-PSOE que dirige Patxi López. Y han querido también, que el único apoyo indispensable que necesiten para ello, sea el de un Partido Popular del País Vasco liderado por Antonio Basagoiti. Ambos dirigentes y sus partidos han dado muestras de sensatez y discreción; de madurez y generosidad. Estoy convencido de que a ambos les cuesta mucho dar el paso; ambos deben  sentir las reticencias surgidas de los muchos enfrentamientos que han protagonizado ellos y sus formaciones; ambos se verán obligados a renunciar a una parte de sus legítimos objetivos, pero si logran cerrar ese acuerdo y llevarlo a buen fin, ambos habrán entrado en la historia de nuestra democracia y, lo que es más importante, le habrán prestado uno de los mayores servicios que pueda nadie imaginar.

Pero, en esa tarea, no están solos. Detrás de ellos están sus dos formaciones políticas de ámbito nacional al completo. Las dos únicas capaces de conformar gobiernos estables a nivel nacional. Es impensable que se pueda alcanzar un acuerdo de tal trascendencia política sin la implicación directa de la dirección nacional de los dos partidos y el aplauso general de sus bases. Y es precisamente ahí donde pueden empezar los más difíciles problemas… y quizá, las soluciones también.

Todos sabemos que Zapatero y Rajoy, los dos, están detrás de ese pacto. Cada cual, más o menos obligado por las circunstancias; cada cual, con mayor o menor grado de convencimiento personal, pero lo están. Y lo están, porque es la única posibilidad de conformar una alternativa estable al PNV. Lo están, porque es la única forma de garantizar los muchos objetivos esenciales que comparten ambos partidos, sus bases y, me atrevo a decir, la mayoría de los españoles. Lo están, porque nadie en España hubiera entendido –ni perdonado- que no fueran capaces de alcanzar hoy ese pacto.

Sin embargo, todo pacto tiene un precio, y el precio que puede llegar a pagar cada uno de ellos por alcanzarlo, es muy distinto. Y alguien se sorprenderá al leer lo que sigue a partir de aquí.

Como todos sabemos, el PSOE ha venido gobernando estas dos últimas legislaturas con el apoyo de los nacionalistas, moderados y no moderados, de todos los signos posibles y, desde el “Pacto del Tinell”, con la exclusión sistemática del Partido Popular. Por tales apoyos, ha  llegado a hacer concesiones –tanto económicas como políticas- que le hemos criticado desde el Partido Popular con tanta dureza como acierto, a mi modo de ver las cosas. Es de todo punto evidente que, con este pacto, el apoyo del PNV al Gobierno de Zapatero en Madrid desaparece, y es muy posible que el de CiU, el de ERC o el del BNG, también. En cualquier caso y, como mínimo, el precio de esos apoyos se verá incrementado enormemente. Esto, que está sin duda alguna en la mente de los dirigentes socialistas, tiene que estarlo en la nuestra también.

Si es cuestión fundamental para España entera que ese pacto en el País Vasco sea estable y llegue a dar los frutos que todos esperamos, el Partido Popular podría estar “obligado” a garantizar, en determinadas circunstancias, también la estabilidad del Gobierno del PSOE a nivel nacional. Suena extraño, lo sé, pero no sería razonable, desde un punto de vista ético-político que, por hacer en Vitoria algo que nosotros mismos –los populares- les exigimos en aras del bien común, nosotros mismos –los populares- les desestabilizáramos en Madrid, o les empujáramos a endeudarse, aún más, con aquellos nacionalismos que luego criticamos.

Esto no significa, en modo alguno, falta de oposición; ni supone tampoco la obligación de secundar nada de forma mecánica o irracional. Se puede discrepar de forma abierta y profunda, incluso contundente, durante las deliberaciones en la cámara y votar en contra de una propuesta determinada como grupo parlamentario… y al mismo tiempo, se pueden aportar, de forma razonada, los siete votos necesarios para que la fuerza política que ha sido elegida por la mayoría de los españoles, pueda gobernar sin verse sometida al desproporcionado chantaje de una minoría que aprovecha la debilidad de alguno y el desacuerdo de todos. De esta forma, lo que se consigue es que el Gobierno lleve a cabo la misma política que llevaría en cualquier caso, pero sin que nos cueste a los ciudadanos unos cuantos millones de euros más por el apoyo de los nacionalistas que no tienen en cuenta el interés común de todos los españoles en su conjunto.

No sería esta, ni mucho menos, la primera vez que un partido “presta” a un gobierno de otro color, tan solo aquellos votos estrictamente necesarios para garantizarle su estabilidad. Les aseguro que hay numerosos testimonios de casos así que tuvieron lugar durante los primeros años de nuestra democracia; aunque entonces, bien es cierto, se hacía de forma más discreta. Quedarían, en todo caso, fuera de ese “pacto” aquellos temas que, como el aborto, fueran cuestión de conciencia o afectasen a asuntos de estado que, por su importancia, hicieran necesario un acuerdo de fondo entre ambos partidos.

Una actuación de este tipo, no solo es correcta desde un punto de vista ético, es una forma práctica de demostrar a quien lo dude que el pacto de la Transición no fue un sueño, ni fruto de la desmemoria. Es la mejor forma de hacer ver que sigue vivo y que su espíritu, como entonces, es el único capaz de hacernos avanzar cuando la tribulación se cierne sobre nosotros. Ni que decir tiene que el PSOE debería corresponder, primero, con la misma altura de miras y generosidad que recibe; y, segundo, cumpliendo lo que se espera de él en Vitoria.

Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de alcanzar pactos estables entre las grandes fuerzas políticas de ámbito nacional en torno a los temas de Estado como son la justicia, la educación, la lucha contra el terrorismo o, en estos momentos, recordando los “Pactos de la Moncloa”, la salida de la crisis económica. Desgraciadamente, nadie renuncia a nada cuando lo tiene al alcance de la mano. Pero la realidad es tozuda: siempre es alguien concreto quien debe dar un primer paso para romper la profunda desconfianza existente; siempre es alguien concreto quien debe tener la audacia necesaria para arriesgar todo su capital político en busca de un entendimiento muy difícil de conseguir; siempre es alguien concreto quien ha de sentar el ejemplo. Sinceramente, no se me ocurre mejor oportunidad que esta para que la iniciativa la tome un partido en la oposición. Ha llegado la hora de la audacia…y de la grandeza también. Una audacia y una grandeza exigibles también al Gobierno. ¿La tendrá?

Enrique López López
Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

Adolfo Suárez Illana
Abogado

Dos sucesos acaecidos últimamente han puesto en duda la confianza de la sociedad española en su sistema legal y judicial entorno a la prevención, tratamiento y castigo de cierto tipo de delitos. Uno, es la puesta en libertad del indeseable Iñaki de Juana Chaos y el otro, el asesinato de la niña Mari Luz a manos de un no menos indeseable que, por un error del sistema, no estaba cumpliendo la pena que le había sido impuesta. Al margen de ese lamentabilísimo error y las personas concretas que los cometen, en ambos casos se da la especialidad que hace a los delincuentes muy peligrosos y, además, merecedores de bajos, por no decir nulos, pronósticos de reinserción y reeducación.

Junto a la necesidad de un sistema de gestión e investigación mas eficaz, se ha abierto un debate sobre las penas y medidas de seguridad a imponer en estos casos; en concreto,  la cadena perpetua y la posibilidad de establecer medidas de seguridad postdelictuales mas allá del cumplimento de la pena. En nuestro país es un debate difícil y que, hasta cierto punto asusta, pero no hay en él nada diferente a la polémica que generaba en la década de los noventa el debate sobre el cumplimiento íntegro de las penas. Este último se terminó ganando, aunque un poco tarde. No haber asumido el cumplimento eficaz de las condenas antes, ha provocado excarcelaciones muy dolorosas para la sociedad.

En el caso que nos ocupa, el primer problema que surge, es el de su propia denominación, de tal suerte que, tal y como es concebida en los países de nuestro entorno, no es una pena de reclusión para toda la vida, sino una pena que dura un determinado número mínimo de años, a partir de los cuales, un tribunal podrá determinar si se cumplen o no los requisitos para una efectiva y pacífica reinserción del penado. En caso de cumplirse, se decreta la libertad del reo y en caso contrario, se decreta la continuidad de la reclusión y el nuevo periodo a partir del cual se podrá revisar su situación. Por todo ello, esta pena se podría denominar, con mayor precisión como, “prisión permanente revisable”.

El debate, a nuestro juicio, se puede y se debe abrir sobre su conveniencia, su proporcionalidad e incluso su eficacia, pero creemos que el debate sobre su acomodación a la Constitución está superado. Muchos son los que consideran este tipo de penas inconstitucionales, en especial algunos responsables políticos, pero  ello requiere unas breves reflexiones jurídicas.

Nuestro Tribunal Constitucional, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse -de forma indirecta- a través del estudio que hace el alto  Tribunal de la petición de extradiciones de delincuentes extranjeros por parte de países donde se prevé este tipo de penas. La dudas que surgen son su   compatibilidad con la prohibición constitucional de someter al penado a tratos inhumanos y degradantes (artículo 15 CE) y, en segundo lugar, su compatibilidad con el fin de reinserción de la pena privativa de libertad que establece el artículo 25 CE.

Países tan cercanos a España, como son Francia, Alemania, Gran Bretaña o Italia, contemplan este tipo de “cadena perpetua” y ello es considerado compatible con sus correspondientes Constituciones que participan de valores comunes y cuyos Derechos penales nacionales están informados por los mismos principios básicos que el nuestro.  En Alemania, por ejemplo, es estudiada por la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 21 de junio de 1977 (BVerfGE 45, 187); en ella declaró el Tribunal que la pena perpetua resultaba necesaria para mantener en la población la conciencia del Derecho y el sentimiento de seguridad jurídica en el caso de delitos especialmente graves de extraordinario contenido de injusto y de culpabilidad, siendo presupuesto de esta configuración, que el condenado conserve la esperanza de ser liberado, aunque sólo sea después de largo tiempo. Por su parte, la Corte Constitucional italiana (sentencias de 22 de noviembre de 1.974, 27 de septiembre de 1.983 y 28 de abril de 1.994) ha declarado de forma expresa la compatibilidad de esta pena de prisión perpetua con la exigencia, específicamente impuesta por el art. 27.3 de la Constitución italiana, de reeducación y reinserción social de los condenados, dado que el art. 176.3 del Código Penal admite la liberación condicional una vez cumplidos veintiséis años de condena. ¿Que pretendida diferencia se da con nuestro sistema jurídico?

También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos distingue entre prisión perpetua ineludible, contraria a los derechos consagrados en el Convenio por un lado y, por otro, la prisión perpetua discrecional, que permite la excarcelación del condenado, entendiendo que esta última es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencias de 25 de octubre de 1990, caso Thynne, Wilson y Gurmell contra el Reino Unido, 18 de julio de 1994, caso Wyrine contra el Reino Unido y 16 de octubre de 2001, caso Einhorn contra Francia.

En este punto, sería bueno entender un matiz de capital importancia: la reinserción es un derecho del reo, no una obligación del Estado, ya que nadie puede obligar a otro a reinsertarse sino quiere. Al Estado sólo se le pueden exigir las medidas materiales necesarias para que el sujeto de tal derecho pueda alcanzar la consecución de ese fin, pero corresponde al reo y sólo al reo, demostrar de forma inequívoca que es capaz de reincorporarse pacíficamente a la sociedad y merecedor de la libertad perdida tras las gravísimas e injustas agresiones de las que estamos hablando.

El Tribunal Constitucional español en la Sentencia 91/2000 se enfrentó a la extradición de un súbdito italiano, reclamado por las autoridades de su país de origen por hechos que podrían dar lugar a la imposición de la pena de “reclusión perpetua”, y desestimó el amparo –avaló la extradición- por no apreciar lesión de los arts. 15 y 25 CE. Es más, declaró el Tribunal Constitucional que la calificación como inhumana o degradante de una pena no viene determinada exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material, pues “depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena” (STC 65/1986, de 22 de mayo, FJ 4).

Se puede pues, sancionar, que la pena de “prisión permanente revisable” es compatible con el principio constitucional contenido en el art. 25.2 CE, conforme al cual las penas privativas de libertad han de hallarse orientadas a la reeducación y reinserción social.  Siempre que una condena no sea ineludiblemente de por vida y permita una revisión tras una duración eficaz en prisión, se puede instaurar en nuestro sistema. Recientemente el Tribunal Constitucional en STC de 2 de noviembre ha sancionado con carácter general que “resulta suficiente garantía que las resoluciones judiciales condicionen la procedencia de la extradición a que en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea indefectiblemente de por vida (STC 148/2004, de 13 de septiembre, FJ 9, con cita de SSTEDH de 7 de julio de 1989, asunto Soering c. Reino Unido EDJ 1989/12020 ; de 16 de noviembre de 1999, asunto T. y V. c. Reino Unido)”.

Por ello parece razonable admitir que el debate sobre este tipo de penas se puede centrar en la conveniencia de incorporarlas o no, pero insistimos, tal y como se conciben en los países de nuestro entorno, no cabe duda de su constitucionalidad.

Desde  el año 2003, nuestro Código penal, permite penas de hasta cuarenta años para delitos de terrorismo, o cuando se cometan dos o mas delitos con penas superiores a veinte años. Pero al margen de la duración mínima de la pena, delitos tan graves como el secuestro, la violación y el asesinato de una niña creemos que merecen marcos penales mucho más serios, más retributivos y más preventivos. Sin olvidar la reinserción, pero sin olvidar tampoco el derecho de una sociedad a defenderse de aquellos sujetos que, delinquiendo muy jóvenes, salen también jóvenes y sobre los que pesa la certeza de que van a volver a delinquir. Casos como el de De Juana Chaos, Josu Ternera, el asesino de Mari Luz o los innumerables sujetos de similar calaña merecen una respuesta digna y sin complejos por parte de la sociedad democrática a la que tan injustamente agredieron.

Artículo sobre La Justicia publicado en El Mundo

Aunque sea por breve plazo, vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante. Y es que llevamos muchos años, demasiados años, atendiendo el ajetreado día a día sin exigir a nuestros gobernantes, de una manera contundente e inaplazable, profundizar en lo vital. Por ejemplo, la reforma de la Justicia: una de las reformas –junto a la Educación- más importantes y necesarias de nuestra arquitectura institucional. Una vez más, sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, pero no tardamos en difuminar sus ecos,  olvidar su mensaje y volver por donde solíamos. Así, todo el debate suscitado el año pasado entorno a la Justicia culminó en un pacto entre partidos que, lejos de acabar con sus problemas, abunda en los errores del pasado.

Es opinión mía personal –y, por tanto, aunque bien formada, siempre discutible- que tan trascendental institución abandonó, bien a su pesar, el espíritu constitucional allá por el año 1985. Fue, en aquel entonces, arrastrada por un gobierno ávido por controlar hasta el menor resquicio de poder. Desde aquel día y hasta hoy, ha quedado anclada, y bien anclada, a los intereses partidistas de unos y otros sin exclusión. Los sucesivos gobiernos de España han maquillado sus actuaciones en este campo bajo el manto protector del sacrosanto pacto parlamentario que lo único que oculta a los ciudadanos -y no mucho, por cierto- es el reparto ilegítimo de un Poder que no les corresponde.

Oigo con estupefacción creciente las declaraciones de algunos políticos afirmando que lo que los jueces quieren es ¡estar por encima del Parlamento! Quien tales cosas afirma pone de relieve su concepción absolutista del poder en minúsculas y un curioso conocimiento de las reglas democráticas. Es cierto que toda legitimación en un sistema democrático procede de la soberanía popular, pero no es cierto que quien resulta elegido para algo por ese pueblo ostente “toda la soberanía y representación” de ese pueblo para todas las cosas. Ni siquiera el Parlamento.

En nuestro caso, como en el de todos los sistemas democráticos que se precien de tales desde los días del malogrado Montesquieu hasta ese fatídico 1985, funcionaba la conocida “división de poderes”. Nuestras Cortes, elegidas en julio de 1977, negociaron, redactaron y aprobaron una Constitución que fue luego refrendada por la inmensa mayoría del pueblo español. En su articulado se instauraba esa división de poderes, pero de tal forma que, al final, dos de esos poderes –Legislativo y Ejecutivo- quedaban en las manos de quien resultaba vencedor en las elecciones legislativas. En esa situación, el tercer Poder, el Judicial, más que en un Poder, se convertía en un “contrapoder”. A través de la vigilancia del cumplimiento de la Ley, garantizaba al pueblo soberano que no se produjeran abusos… al menos, esa era la idea.

Como decía más arriba, algún político con escasa solidez democrática –lo digo bien claro para que nadie me acuse de insinuar nada- pretende evitar ese control y ese contrapoder embridando y sometiendo el Poder Judicial al poder político. A quien eso mantiene, le recomiendo –y lo digo con toda humildad y respeto- la lectura del artículo 117 de la Constitución Española todavía hoy vigente. Dice así: “1.- La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2.- Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley.”.

El espíritu y la letra de este artículo nos dicen que el vínculo del Poder Judicial con el pueblo es directo y que su hilo conductor no es otro que la propia Constitución. Nos dicen que ese poder debe ser independiente del poder político, precisamente para garantizar que no sea manipulado por los propios políticos en beneficio de espurios intereses y que, por tanto, no es el Parlamento quien debe ejercer ningún tipo de control fuera de la propia Ley; antes bien, debe este garantizar su independencia organizativa, de acceso y de gobierno a través de la Ley.

Nos dice también que para garantizar esa independencia, sus integrantes deben ser inamovibles, es decir, que no pueden ser removidos de forma arbitraria, pero que son responsables de sus actos, debiendo por ello establecer -el propio Parlamento- un sistema de depuración de responsabilidades que, integrado en su sistema de gobierno, no invalide su característica esencial: la independencia. Quedan fuera de este ámbito las actuaciones delictivas de un juez que, como todo ciudadano y con independencia de su profesión, debe rendir cuentas ante los tribunales.

Pero quizá, lo más importante sea el final del primer epígrafe: “están sometidos únicamente al imperio de la ley”, no al imperio del poder Ejecutivo o al del Legislativo, sino al imperio de la ley. Y es precisamente esa Ley, esto es, el desarrollo de ese precepto constitucional, el instrumento que han venido utilizando los partidos políticos para -de forma ilegítima insisto, por entender que se usa la ley para evitar su cumplimiento- controlar de forma efectiva al garante de las libertades públicas y controlador de los poderes establecidos en nuestra Constitución.

No es ilegal lo que hacen los partidos, ya que el Parlamento dicta leyes que amparan su actuación, pero creo que son ilegítimas esas actuaciones, porque buscan minar la independencia consagrada en la propia Constitución y garantizarse ellos mayores cotas de poder en detrimento de las libertades ciudadanas allí establecidas y que ellos dicen servir.

Pero no sólo usan la ley, también usan el presupuesto. El permanente estrangulamiento económico que sufre la Justicia, que además de un contrapoder es un servicio público de primera necesidad, hace que la percepción de la misma por parte de los ciudadanos sea muy negativa. Sinceramente, me parece obsceno que estemos discutiendo cifras astronómicas para la financiación autonómica, mientras tenemos una Justicia que sigue funcionando a base de lapicero, con tan honrosas, como escasas excepciones.

Es hora de convertir en prioridad absoluta a la Justicia; no ya sólo por convicción democrática, sino por ser también un servicio público fundamental sobre cuyo funcionamiento eficaz, se asienta la convivencia pacífica de los ciudadanos. Si hemos sido capaces de dar un acomodo más que digno a los poderes Ejecutivo y Legislativo dentro del presupuesto, me parece increíble que no se pueda hacer lo mismo con el Judicial. Nos sobran asesores políticos y nos faltan jueces, secretarios judiciales, ordenadores compatibles y eficaces… entre otras cosas. Todos sabemos que huelga la huelga, pero tienen los jueces más razón que un santo.

Se inicia, señor Presidente, una nueva legislatura y, como manda nuestra Constitución en su artículo 99, se abre con el debate de investidura del candidato propuesto por Su Majestad El Rey que, una vez más, recae en su persona. Creo que es un buen momento –si me permite la broma- para empezar a importunarle. Como siempre, lo haré con todo el respeto que se merece y no sin antes felicitarle por su éxito electoral.

Su discurso de investidura tuvo puntos muy interesantes, es cierto; aunque matizados por el hecho de haber sido usted el Presidente del Gobierno durante la pasada legislatura. Ese hecho lanza una sombra de duda sobre la credibilidad de algunas de sus propuestas, pero será el tiempo y no yo, quien, una vez más, dé y quite razones.

Me pareció especialmente importante la referencia que hizo a la renovación de Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que debe ser renovado, pero mal empezamos si la propuesta de pacto viene acompañada de la amenaza de un “remedio excepcional” si no se alcanza tal pacto, supongo, en el tiempo deseado. En cualquier caso, y con ser ello importante, el núcleo no está ahí: lo que debe ser renovado es todo el Poder Judicial y el momento es propicio. Me explico.

La democracia es un sistema de gobierno en el que el los ciudadanos eligen a sus dirigentes para que administren los asuntos públicos y, esto es muy importante, garanticen las libertades individuales que suponen el fin último de la democracia.

Precisamente para eso, para garantizar esas libertades e impedir el abuso del poder por parte de quien lo recibe de los ciudadanos, se ideó la división de poderes. Algo tan sencillo y  mayoritariamente aceptado como esto, no está funcionando en nuestro país.

Los ciudadanos españoles eligen un parlamento que, a su vez, elige un Presidente del Gobierno. Esto que, en principio, puede ser interpretado como una falta de separación entre ambos poderes, puede ser aceptado en la medida en la que el parlamento, a través de la oposición, sea capaz de articular las medidas necesarias para ejercer un papel de control eficaz al Gobierno y ser un contrapunto real de poder. En una situación así, cobra especial importancia la independencia  y capacidad del Poder Judicial como garante efectivo de las libertades individuales.

Y ahí tenemos uno de los grandes problemas de nuestra democracia que, si bien ha existido siempre, se agravó de forma extraordinaria desde que, en el año 1985 y gracias a un parlamento gobernado –insisto en el término- por un Partido Socialista con mayoría absoluta, se cambiaron las reglas de juego establecidas en la Constitución y, retorciendo de forma inaceptable –dicho sea con todo respeto desde mi punto de vista- su espíritu, se estableció un sistema en el que el órgano de gobierno del Poder Judicial –el Consejo General del Poder Judicial- pasaba a ser también elegido por las Cortes y se repartía –al fin y al cabo en eso consistió la reforma- entre los distintos partidos la composición de dicho órgano.

Hemos llegado a un punto en el que todo se legitima y valida por el mero hecho de ser elegido o votado por el parlamento. Aunque alguno se escandalice, eso no deja de ser una perversión del sistema que, unido a la actual estructura de los partidos, hace que todo el poder recaiga sobre quien dirige el partido más votado que se convierte, a su vez, en jefe del Ejecutivo y, además, en controlador -vía el partido que dirige- del Legislativo y, por tanto, también del Poder Judicial. ¿Qué ocurriría si, además, controlase también los medios de comunicación?

En esta situación, e interpretando a Hayek de alguna manera, podríamos decir hoy, en España, que un parlamento libre no garantiza un pueblo libre, ya que la licencia que se da a una mayoría parlamentaria, nunca lo puede ser para que actúe arbitrariamente, ni para que evite los sistemas de control y respeto a las minorías que el mismo sistema establece.

Es tal el grado de disparate al que ha llegado la politización de la justicia española actual, que somos capaces –y lo hacemos a diario- de predecir lo que va a votar cada miembro del órgano de gobierno en función del partido que lo propuso. ¡Llegamos a hablar de “miembros conservadores y progresistas” con absoluta normalidad!

Desgraciadamente, y por otro camino, ocurre exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional.

Son innumerables y extraordinariamente sonrojantes, los casos de politización tanto del Tribunal Constitucional, como del CGPJ, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. A tal fin, baste recordar asuntos como el “caso Rumasa”, el aún caliente “caso Estatuto Catalán”, el olvidado asunto de “la puesta en libertad de la Mesa Nacional de HB”, o los más recientes enfrentamientos entre los distintos órganos citados a costa del “caso Albertos” o de la elección del presidente del tribunal encargado del “caso 11-M”.

El problema, con matices, no se encuentra en la Constitución, que contiene todos los principios fundamentales para que la adecuada separación de Poderes haga efectivo el control del Ejecutivo, garantice las libertades individuales de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial. Tampoco es usted, señor Presidente, ni su partido el único culpable de este “atropello” a la división de poderes; han participado en su comisión y mantenimiento todos los grupos parlamentarios y, muy especialmente, quienes han tenido responsabilidades de gobierno. Porque ha sido, fundamentalmente, la acción de los sucesivos Gobiernos lo que ha acabado adulterando esos principios.

La verdad es que, cada Gobierno que llega al poder, acaba cediendo a la tentación de controlar cuanto más mejor. Es necesaria mucha grandeza, altura de miras y generosidad para renunciar a lo que se tiene al alcance de la mano… aunque sea en aras del bien común. Pero no es imposible.

No me equivoco si le digo que la ciudadanía de España pide a gritos una renovación profunda de nuestra Justicia. Una renovación que pase por el establecimiento riguroso de las normas de acceso a la carrera judicial que evite injerencias –por disfrazadas que pueda venir- de los otros poderes del Estado o de los partidos, como ha ocurrido en el pasado. Una renovación que la consagre como un auténtico Poder del Estado que goce de absoluta independencia respecto del poder político y sometida, tan sólo, a la Ley, como establece la Constitución en su artículo 117. Una renovación que garantice las funciones de cada uno de los órganos y evite los enfrentamientos e intromisiones que vemos a diario. Una renovación que la dote de los medios adecuados para que pueda ser administrada de forma ágil y efectiva, de manera que se hagan imposibles injustificables retrasos o imperdonables errores como los que hemos conocido estos días con ocasión del dolorosísimo “caso Mariluz”.

Creo, señor Presidente, que bien valdría una legislatura entera un acuerdo de tales dimensiones. Hace ahora treinta años que se aprobó nuestra Constitución de la concordia. No se me ocurre mejor forma de celebrar este aniversario que “secando una de sus lagunas”. España entera reclama a su clase política que, inspirándose en los principios fundamentales que cimientan su Constitución, sea capaz de acordar, entre todos, la reforma de la Justicia; la más importante y necesaria reforma del Estado.