La ceguera tiene muchas causas, también en la vida política. En unos casos la ambición, en otros la ofuscación y, casi siempre, la enorme distancia que mantienen los políticos con la sociedad; esa sociedad a la que unos llaman pueblo y otros ciudadanos.

La evolución de los partidos en estos últimos treinta años ha distorsionado tanto la vida política que, cualquier cosa que no nazca y muera en ellos, sea vista –por ellos mismos- como poco más o menos que una herejía, como una propuesta ilegítima, como una intromisión intolerable.

Para cualquier persona con inquietudes políticas y un mínimo espíritu crítico, es francamente curiosa la reacción que han provocado las palabras de SM El Rey llamando a todos a “…grandes esfuerzos y amplios acuerdos para superar juntos, cuanto antes y con la debida determinación, las graves consecuencias de la crisis…». Porque esto es, exactamente, lo que el Rey ha dicho; y esto es, exactamente, lo que el Rey puede y debe hacer.

Según lo que dice el artículo 56.1 de nuestra Constitución de la Concordia de 1978, «El Rey… arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones… y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes». Ese arbitraje y esa moderación consisten, precisamente, en tener visión de largo plazo, ausencia de interés político partidista directo, olfato para identificar los intereses comunes de los españoles y capacidad para trasladarlos tanto a la opinión pública, como a las instituciones competentes. Con mayor o menor discreción, según requieran las circunstancias y el asunto.

Las palabras que les acabo de transcribir son casi idénticas a las pronunciadas por el mismo Rey durante su mensaje de navidad el pasado diciembre “… sumar voluntades en torno a los grandes temas de Estado, reforzando nuestra cohesión interna y proyección internacional…” y, si no me equivoco, trasladan lo que la inmensa mayoría de los españoles pensamos: que ya es hora de ver a nuestros políticos unidos en torno a los grandes temas de Estado. Hoy, muy especialmente, la crisis que asola nuestra economía.

No es competencia del Rey entrar en quién tiene o no razón en un asunto, ni tampoco señalar culpables de una determinada situación. Ni siquiera es competencia suya el proponer soluciones concretas… ni lo ha hecho. Como prueba de ello, baste recordar las desacertadísimas palabras de la vicepresidenta del Gobierno señalando la exclusiva competencia del Gobierno para proponer pactos de Estado –cosa increíble- o las no menos desatinadas reflexiones que nos han sido trasladadas desde los “aledaños mediáticos” de mi partido –que nadie se ofenda, pero no encuentro manera más delicada e indirecta de decirlo-, señalando al Rey, casi, como un correveidile del gobierno.

Yo tengo claro que la responsabilidad –que no competencia- de llegar o no a acuerdos reside siempre en el Gobierno; por eso y para eso es Gobierno. Por ello mismo, será responsable del éxito, si es que se produce. Tengo también claro que es responsabilidad de la oposición, no solo poner de relieve las carencias del Gobierno, sino también proponer soluciones alternativas y comprometidas –incluidos pactos de Estado-, muy especialmente en tiempos de crisis como el actual.

No hace tanto tiempo, quien es hoy Presidente del Gobierno, se afanaba en repetirle a quien entonces lo era, José María Aznar, la necesidad de un pacto de Estado para luchar contra ETA. Tras una inicial reticencia del Gobierno de entonces, ese pacto se firmó y se convirtió en una de las más poderosas armas con las que ha contado nunca la actual democracia española para luchar contra esa pandilla de asesinos. Desgraciadamente, por un interés partidista y una visión egocéntrica, el mismo personaje que propuso el pacto, Zapatero, se lo cargó cuando llegó a la presidencia pensando que, con su sola presencia en La Moncloa, se ablandarían los terroristas… Cometió un error que le acompañará siempre.

No quiero abundar más en ese asunto, salvo para decir que quien propuso el pacto fue la oposición, no el Gobierno, y que fue el Gobierno quien acabó haciéndolo suyo. Todos salimos ganando hasta que, una vez más, el Ejecutivo de Zapatero –esta vez otro- decidió acabar con él.

Por otro lado, no deja de ser curioso que las críticas recibidas por el Rey coincidan, también, con la publicación de encuestas que nos dicen que, al margen de las consabidas posibilidades de uno u otro de formar gobierno, ambos líderes nacionales, los dos únicos capaces de gobernar, están, los dos, valorados por debajo de sus respectivos partidos. Si yo fuera uno de ellos dedicaría un buen rato a reflexionar sobre este asunto.

Las palabras del Rey no favorecen a ninguno de los partidos, ni tampoco castigan a nadie; simplemente recogen el sentimiento de toda la sociedad española, le dan cuerpo y lo ponen encima de la mesa a través de su más alto representante. Eso, no es algo que pueda hacer el Rey, es algo que debe hacer el Rey.

Hace ya años que renuncié a la representación política en las instituciones, pero no creo que nadie dude de mi compromiso con el Partido Popular, ni de mi derecho a opinar. Desde ese compromiso que es patente y mantengo firme, y desde esa libertad, felicito las palabras del Rey y me atrevo a decir que nadie debería, ante ellas, ponerse a señalar culpables o manifestar ofensas.

En estos momentos, lo único que cabe es poner soluciones encima de la mesa, cada uno las suyas, y de la forma más amable y constructiva posible. No hay mejor manera de poner de manifiesto las carencias del adversario que mostrando la más absoluta voluntad de llegar a acuerdos y aportando propuestas razonables ante problemas que exceden, con mucho, la lucha partidista.

Quizá sea bueno recordar que poco antes de aprobar la Constitución ya fuimos capaces de hacerlo… y salió bien. Quizá sea bueno recordar, para sosegar los ánimos, que el artículo 56 de la Constitución también existe.

“¿Por qué no podemos treinta años después de democracia tener una ley del aborto equiparable a los países más democráticos de nuestro entorno?” Con alguna diferencia leve, esta era la pregunta que se hacía esta pasada semana el Presidente del Gobierno de España.

Al margen de la mala construcción de la misma, la pregunta pone de manifiesto las carencias, los errores y la falta de consistencia del Presidente.

Hace ya algún tiempo corregía –desde mi punto de vista y con todo el respeto debido- una manifestación suya –del Presidente- en la que afirmaba que la vida era el “valor supremo”. En aquel momento reflexionaba yo diciendo que la vida no es el valor supremo. La vida, decía, es un don de Dios que compartimos con todos los animales y vegetales que pueblan la faz Tierra y que la profunda diferencia con todos ellos es la libertad. Ahí, y solo ahí, es donde reside la verdadera grandeza del Hombre: en la libertad. La libertad que cada uno tiene para hacer el bien o el mal.

Hoy, ese mismo Presidente, ese a quien entonces se le llenaba la boca de palabras tan grandilocuentes como vacías y faltas de compromiso para defender su indigna actuación ante el canalla etarra llamado De Juana Chaos, no tiene reparo alguno en defender con vehemencia el inexistente “derecho” a matar niños en el seno de su madre sin más límite que la voluntad de la mujer en cuestión y un número determinado de semanas. La falta de coherencia es patente.

Entre los errores, por no llamarlo de otra forma, aparece uno con claridad en la frase antes apuntada. El de asimilar la democracia con el aborto libre. Como ya me habrán escuchado en otras ocasiones, los neandertales también practicaban rudimentarias formas de aborto. No creo que, por ello, puedan ser tenidos como paladines de la democracia, ni tampoco del progreso. Más bien, todo lo contrario. Es asombroso que, como argumento supremo, el Presidente apele a la democracia y los países de nuestro entorno para apoyar una ley semejante. Por esa misma regla de tres, si los países de nuestro entorno aceptasen la pena de muerte –a la que tanto él como yo nos oponemos- nosotros tendríamos también que aceptarla… ¿por qué no? Una vez más, la inconsistencia se hace evidente.

Down

Quizá todo esto venga de una carencia de formación como es confundir derecho con don. En principio, cuando un ordenamiento jurídico establece un derecho determinado en una ley, debe establecer también quién está obligado a “prestar” el derecho en cuestión –y digo debe, por que no siempre ocurre así, como queda probado en el caso de la vivienda o el trabajo, aportaciones hechas desde esa misma óptica-. Así, por ejemplo, cuando se establece que los ciudadanos españoles “tienen derecho a la tutela judicial efectiva” se establece también que es el Estado español quien “esta obligado” garantizar esa tutela judicial.

En el caso de el malentendido “derecho a la vida”, todavía no sé quién es el que está obligado a dar esa vida. Lo que si sé es que, cuando una vida existe –nótese que la vida ya ha sido dada, es decir es un hecho preexistente-, todos tienen la obligación de respetarla y de no hacer nada que atente contra ella. Este es el verdadero sentido del “derecho a la vida” que se consagra en el artículo 15 de nuestra Constitución. Me interesa resaltar que cuando allí decimos todos, lo dice nuestra Constitución, no cabe excepción. Ninguna, por muy temprano que sea en el seno materno.

Para cumplir con ese mandato establecido en la Constitución, y corroborado por el propio Tribunal Constitucional, el aborto debería ser tratado de forma análoga a como es tratada “la legítima defensa”, esto es, como una excepción al principio general; un medio excepcional que es aceptado cuando este se convierte en el único a nuestro alcance para mantener la vida propia o ajena que se ve injustamente amenazada. Ese era el espíritu, tantas veces pervertido, de la ley anterior. El aborto no puede nunca ser un medio para librarse de un problema más o menos grave. El aborto, solo puede aceptarse cuando es la consecuencia indeseada de un tratamiento destinado a salvar la vida o la integridad de la gestante. Eso es defender la vida, el resto, es buscar atajos, tan indeseables como innecesarios, para salvar responsabilidades no apetecidas.

Estamos viviendo uno de los momentos, desde el punto de vista político, más interesantes que yo recuerde desde la Transición. Dos formaciones políticas antagónicas, enfrentadas e irreconciliables hasta hace tan solo unos días, han alcanzado un pacto de singular importancia. España entera asiste ahora expectante, esperanzada y encogida a la plasmación material de unos acuerdos ya firmados y cuyo desarrollo que puede llegar a cambiar el curso de la historia del País Vasco, de una vez por todas. A nadie se le escapa que no es tan solo el cambio de un gobierno autonómico lo que está en juego, sino la posibilidad real de acabar con la falta de libertad en el único rincón de Europa donde todavía se mata por discrepar. Eso es lo que los españoles tenemos de verdad hoy en la cabeza.

Han querido las urnas que el liderazgo de ese acuerdo y la responsabilidad de gobernar el País Vasco recaiga sobre los hombros del PSE-PSOE que dirige Patxi López. Y han querido también, que el único apoyo indispensable que necesiten para ello, sea el de un Partido Popular del País Vasco liderado por Antonio Basagoiti. Ambos dirigentes y sus partidos han dado muestras de sensatez y discreción; de madurez y generosidad. Estoy convencido de que a ambos les cuesta mucho dar el paso; ambos deben  sentir las reticencias surgidas de los muchos enfrentamientos que han protagonizado ellos y sus formaciones; ambos se verán obligados a renunciar a una parte de sus legítimos objetivos, pero si logran cerrar ese acuerdo y llevarlo a buen fin, ambos habrán entrado en la historia de nuestra democracia y, lo que es más importante, le habrán prestado uno de los mayores servicios que pueda nadie imaginar.

Pero, en esa tarea, no están solos. Detrás de ellos están sus dos formaciones políticas de ámbito nacional al completo. Las dos únicas capaces de conformar gobiernos estables a nivel nacional. Es impensable que se pueda alcanzar un acuerdo de tal trascendencia política sin la implicación directa de la dirección nacional de los dos partidos y el aplauso general de sus bases. Y es precisamente ahí donde pueden empezar los más difíciles problemas… y quizá, las soluciones también.

Todos sabemos que Zapatero y Rajoy, los dos, están detrás de ese pacto. Cada cual, más o menos obligado por las circunstancias; cada cual, con mayor o menor grado de convencimiento personal, pero lo están. Y lo están, porque es la única posibilidad de conformar una alternativa estable al PNV. Lo están, porque es la única forma de garantizar los muchos objetivos esenciales que comparten ambos partidos, sus bases y, me atrevo a decir, la mayoría de los españoles. Lo están, porque nadie en España hubiera entendido –ni perdonado- que no fueran capaces de alcanzar hoy ese pacto.

Sin embargo, todo pacto tiene un precio, y el precio que puede llegar a pagar cada uno de ellos por alcanzarlo, es muy distinto. Y alguien se sorprenderá al leer lo que sigue a partir de aquí.

Como todos sabemos, el PSOE ha venido gobernando estas dos últimas legislaturas con el apoyo de los nacionalistas, moderados y no moderados, de todos los signos posibles y, desde el “Pacto del Tinell”, con la exclusión sistemática del Partido Popular. Por tales apoyos, ha  llegado a hacer concesiones –tanto económicas como políticas- que le hemos criticado desde el Partido Popular con tanta dureza como acierto, a mi modo de ver las cosas. Es de todo punto evidente que, con este pacto, el apoyo del PNV al Gobierno de Zapatero en Madrid desaparece, y es muy posible que el de CiU, el de ERC o el del BNG, también. En cualquier caso y, como mínimo, el precio de esos apoyos se verá incrementado enormemente. Esto, que está sin duda alguna en la mente de los dirigentes socialistas, tiene que estarlo en la nuestra también.

Si es cuestión fundamental para España entera que ese pacto en el País Vasco sea estable y llegue a dar los frutos que todos esperamos, el Partido Popular podría estar “obligado” a garantizar, en determinadas circunstancias, también la estabilidad del Gobierno del PSOE a nivel nacional. Suena extraño, lo sé, pero no sería razonable, desde un punto de vista ético-político que, por hacer en Vitoria algo que nosotros mismos –los populares- les exigimos en aras del bien común, nosotros mismos –los populares- les desestabilizáramos en Madrid, o les empujáramos a endeudarse, aún más, con aquellos nacionalismos que luego criticamos.

Esto no significa, en modo alguno, falta de oposición; ni supone tampoco la obligación de secundar nada de forma mecánica o irracional. Se puede discrepar de forma abierta y profunda, incluso contundente, durante las deliberaciones en la cámara y votar en contra de una propuesta determinada como grupo parlamentario… y al mismo tiempo, se pueden aportar, de forma razonada, los siete votos necesarios para que la fuerza política que ha sido elegida por la mayoría de los españoles, pueda gobernar sin verse sometida al desproporcionado chantaje de una minoría que aprovecha la debilidad de alguno y el desacuerdo de todos. De esta forma, lo que se consigue es que el Gobierno lleve a cabo la misma política que llevaría en cualquier caso, pero sin que nos cueste a los ciudadanos unos cuantos millones de euros más por el apoyo de los nacionalistas que no tienen en cuenta el interés común de todos los españoles en su conjunto.

No sería esta, ni mucho menos, la primera vez que un partido “presta” a un gobierno de otro color, tan solo aquellos votos estrictamente necesarios para garantizarle su estabilidad. Les aseguro que hay numerosos testimonios de casos así que tuvieron lugar durante los primeros años de nuestra democracia; aunque entonces, bien es cierto, se hacía de forma más discreta. Quedarían, en todo caso, fuera de ese “pacto” aquellos temas que, como el aborto, fueran cuestión de conciencia o afectasen a asuntos de estado que, por su importancia, hicieran necesario un acuerdo de fondo entre ambos partidos.

Una actuación de este tipo, no solo es correcta desde un punto de vista ético, es una forma práctica de demostrar a quien lo dude que el pacto de la Transición no fue un sueño, ni fruto de la desmemoria. Es la mejor forma de hacer ver que sigue vivo y que su espíritu, como entonces, es el único capaz de hacernos avanzar cuando la tribulación se cierne sobre nosotros. Ni que decir tiene que el PSOE debería corresponder, primero, con la misma altura de miras y generosidad que recibe; y, segundo, cumpliendo lo que se espera de él en Vitoria.

Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de alcanzar pactos estables entre las grandes fuerzas políticas de ámbito nacional en torno a los temas de Estado como son la justicia, la educación, la lucha contra el terrorismo o, en estos momentos, recordando los “Pactos de la Moncloa”, la salida de la crisis económica. Desgraciadamente, nadie renuncia a nada cuando lo tiene al alcance de la mano. Pero la realidad es tozuda: siempre es alguien concreto quien debe dar un primer paso para romper la profunda desconfianza existente; siempre es alguien concreto quien debe tener la audacia necesaria para arriesgar todo su capital político en busca de un entendimiento muy difícil de conseguir; siempre es alguien concreto quien ha de sentar el ejemplo. Sinceramente, no se me ocurre mejor oportunidad que esta para que la iniciativa la tome un partido en la oposición. Ha llegado la hora de la audacia…y de la grandeza también. Una audacia y una grandeza exigibles también al Gobierno. ¿La tendrá?

¡Se incluye una imagen muy impactante!

Resulta que estos primitivos homínidos, extinguidos hace unos 25.000 años, van a ser la reserva ideológica del ala más radical del PSOE de Zapatero. Quede claro que digo esto con todo el respeto debido y sin ánimo de ofender a nadie. Y me explico.

Esta extinta especie de homínidos primitivos practicaba, ya en su tiempo, una forma también primitiva de aborto. Mataba a los niños recién nacidos que, por una u otra causa, no podía atender. Igualmente, llevaba a cabo una primitiva forma de eutanasia, ya que abandonaba a su suerte a los ancianos, cuando se daban idénticos motivos. También practicó el canibalismo. Junto a todo esto, no deja de ser curioso que llevara a cabo prácticas muy avanzadas, socialmente hablando, como era el enterrar a los niños, algo nada habitual por aquellos tiempos e incluso mucho más tarde.

Alguno estará todavía con las manos en la cabeza no pudiendo creer lo que está leyendo. Sigo explicándome. A un grupo de dirigentes radicales del PSOE, no se les ha ocurrido mejor idea para evitar el debate sobre lo que realmente interesa a los españoles, esto es, la crisis económica y las medidas necesarias para su más pronta superación, que abrir un debate sobre dos temas que, interesando poco o nada a la sociedad en su conjunto, si pueden subir la temperatura del enfrentamiento político: la eutanasia y el aborto. Lo visten todo, además, con la dulce tela del progresismo. No es mi intención caer en la trampa que se nos tiende, pero tampoco se debe rehuir el dejar claras ciertas cosas. El llamar, una vez más, frente a los eufemismos del gobierno, a las cosas por su nombre.

Creo firmemente que el verdadero progreso protagonizado por el hombre a lo largo de la historia, ha sido el realizado en el plano humanitario, no en el material, por mucho que sea este más llamativo.

Si hay algo que represente la barbaridad de la que es capaz el corazón de un hombre, eso es la muerte y más, si cabe, la muerte de un indefenso. En eso se puede resumir la crueldad humana: en el desprecio por la vida de los demás. Pocas cosas habrá que puedan repugnar más que el abuso que hace de su fuerza el más fuerte sobre el más débil. Poco hay que pueda encolerizar más a un alma civilizada que ver a un individuo arrebatar la vida a otro.

Si algo ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, eso ha sido la muerte. Ella ha sido el medio para la consecución de los fines que se han marcado muchos hombres a través de los tiempos, materializándose en innumerables guerras que, todavía hoy, asolan el mundo.

Frente a esa barbarie asesina, el hombre también ha recorrido un camino llamado civilización. Un camino que ha consistido, fundamentalmente, en reconocer el derecho de todos a la vida y la obligación que todos tenemos de proteger ese derecho. Es comúnmente aceptado que cuanto más avanzado es un pueblo, mayor es la protección que ese pueblo otorga al derecho a la vida. Esto es lo que yo considero progreso, al menos desde una visión humanista del mundo.

Pues si la defensa de la vida es, sin duda, el fiel para medir el verdadero progreso de la humanidad, ¿cómo es posible que ahora nos vendan como progresista el aborto o la eutanasia? ¿cómo es posible que la matanza de un feto con síndrome de Down, o ciego, o hemofílico sea considerado progresista, cuando la propia convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad insta, en su artículo 10, a los estados “a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho (a la vida) a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás”?

Me sorprende mucho que el mismo Zapatero que hace poco tiempo se deshacía defendiendo “la vida como valor supremo” –cosa que critiqué desde estas mismas páginas, por entender yo que no es un valor, sino un don de Dios, como ustedes recordarán- nos proponga hoy fórmulas para acabar con ella.

Me llama también la atención la coincidencia -no milimétrica ni absoluta, por supuesto- que se da entre los sectores de la izquierda más radical y algunos ecologistas y antitaurinos que defienden a ultranza, y todos a una, el derecho a la vida de los animales y rechazan la pena de muerte –aquí si coincido con ellos-, pero que, a la misma vez, muestran sin empacho su apoyo al aborto, a la eutanasia –que nada tiene que ver con una muerte digna- o a esa criminal selección eufemísticamente llamada “cribado prenatal”.

Es curioso cómo algunos, para eludir responsabilidades, nos venden como progresistas prácticas que ya realizaban nuestros más primitivos ancestros y otros muchos pueblos de la antigüedad.

Sinceramente, creo que no hay mayor progreso para el hombre que el asumir las responsabilidades propias de sus actos y de su posición en la sociedad que le acoge. De entre todas esas obligaciones, la de mayor altura, es la defensa de los más débiles, lo que incluye, en primer lugar, la defensa de su vida.

Por mucho que me argumenten, me seguirá siempre pareciendo una barbaridad primitiva el triturar con unas tijeras a un niño en el seno materno, más aún si cabe, cuando está medio mundo deseando adoptar. Igualmente, considero una salvajada sin paliativos el acelerar la muerte de los enfermos, algo que nada tiene que ver con el oportuno tratamiento del dolor.

He visto a mi madre morir muy poco a poco. No se le alargó ni acortó un minuto ese camino, aunque se tomaron todas las medidas que a nuestro alcance estaban para evitarle cualquier sufrimiento innecesario. De aquellos dos años,  tan difíciles, no recuerdo un solo segundo indigno.

Llevo casi cinco años sin poder tener una comunicación intelectual con mi padre, pero por mucho que lo eche de menos, todos los días me hace feliz,  disfruto y me río con él ¿alguien tiene el valor de decirme que esa es una vida indigna?

Tengo familiares y amigos que sufren deficiencias, problemas o que simplemente llegaron en “mal momento”. Son familiares y amigos que, bajo legislaciones como la que hoy nos proponen en España los “progresistas”, podrían haber sido muertos antes de nacer. Eso, por no hablar de los grandes genios de la humanidad que jamás habrían llegado a serlo de haberles aplicado tan “avanzadas” iniciativas.

El dolor, las deficiencias y la muerte son compañeros inseparables del hombre desde que apareció sobre la faz de la Tierra. El verdadero progreso de la especie humana y su triunfo sobre las demás, ha consistido en el uso que ha hecho de su libertad para, asumiendo su propia imperfección, defender la vida de los demás y la propia, ayudar al que sufre, acompañar al moribundo y proteger al débil. Desgraciadamente, también ha habido y habrá siempre quien, de una u otra forma, intente proporcionar un atajo para evitar esas incómodas obligaciones… Con todo mi respeto, eso nunca podrá ser llamado progreso.

Se inicia, señor Presidente, una nueva legislatura y, como manda nuestra Constitución en su artículo 99, se abre con el debate de investidura del candidato propuesto por Su Majestad El Rey que, una vez más, recae en su persona. Creo que es un buen momento –si me permite la broma- para empezar a importunarle. Como siempre, lo haré con todo el respeto que se merece y no sin antes felicitarle por su éxito electoral.

Su discurso de investidura tuvo puntos muy interesantes, es cierto; aunque matizados por el hecho de haber sido usted el Presidente del Gobierno durante la pasada legislatura. Ese hecho lanza una sombra de duda sobre la credibilidad de algunas de sus propuestas, pero será el tiempo y no yo, quien, una vez más, dé y quite razones.

Me pareció especialmente importante la referencia que hizo a la renovación de Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que debe ser renovado, pero mal empezamos si la propuesta de pacto viene acompañada de la amenaza de un “remedio excepcional” si no se alcanza tal pacto, supongo, en el tiempo deseado. En cualquier caso, y con ser ello importante, el núcleo no está ahí: lo que debe ser renovado es todo el Poder Judicial y el momento es propicio. Me explico.

La democracia es un sistema de gobierno en el que el los ciudadanos eligen a sus dirigentes para que administren los asuntos públicos y, esto es muy importante, garanticen las libertades individuales que suponen el fin último de la democracia.

Precisamente para eso, para garantizar esas libertades e impedir el abuso del poder por parte de quien lo recibe de los ciudadanos, se ideó la división de poderes. Algo tan sencillo y  mayoritariamente aceptado como esto, no está funcionando en nuestro país.

Los ciudadanos españoles eligen un parlamento que, a su vez, elige un Presidente del Gobierno. Esto que, en principio, puede ser interpretado como una falta de separación entre ambos poderes, puede ser aceptado en la medida en la que el parlamento, a través de la oposición, sea capaz de articular las medidas necesarias para ejercer un papel de control eficaz al Gobierno y ser un contrapunto real de poder. En una situación así, cobra especial importancia la independencia  y capacidad del Poder Judicial como garante efectivo de las libertades individuales.

Y ahí tenemos uno de los grandes problemas de nuestra democracia que, si bien ha existido siempre, se agravó de forma extraordinaria desde que, en el año 1985 y gracias a un parlamento gobernado –insisto en el término- por un Partido Socialista con mayoría absoluta, se cambiaron las reglas de juego establecidas en la Constitución y, retorciendo de forma inaceptable –dicho sea con todo respeto desde mi punto de vista- su espíritu, se estableció un sistema en el que el órgano de gobierno del Poder Judicial –el Consejo General del Poder Judicial- pasaba a ser también elegido por las Cortes y se repartía –al fin y al cabo en eso consistió la reforma- entre los distintos partidos la composición de dicho órgano.

Hemos llegado a un punto en el que todo se legitima y valida por el mero hecho de ser elegido o votado por el parlamento. Aunque alguno se escandalice, eso no deja de ser una perversión del sistema que, unido a la actual estructura de los partidos, hace que todo el poder recaiga sobre quien dirige el partido más votado que se convierte, a su vez, en jefe del Ejecutivo y, además, en controlador -vía el partido que dirige- del Legislativo y, por tanto, también del Poder Judicial. ¿Qué ocurriría si, además, controlase también los medios de comunicación?

En esta situación, e interpretando a Hayek de alguna manera, podríamos decir hoy, en España, que un parlamento libre no garantiza un pueblo libre, ya que la licencia que se da a una mayoría parlamentaria, nunca lo puede ser para que actúe arbitrariamente, ni para que evite los sistemas de control y respeto a las minorías que el mismo sistema establece.

Es tal el grado de disparate al que ha llegado la politización de la justicia española actual, que somos capaces –y lo hacemos a diario- de predecir lo que va a votar cada miembro del órgano de gobierno en función del partido que lo propuso. ¡Llegamos a hablar de “miembros conservadores y progresistas” con absoluta normalidad!

Desgraciadamente, y por otro camino, ocurre exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional.

Son innumerables y extraordinariamente sonrojantes, los casos de politización tanto del Tribunal Constitucional, como del CGPJ, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. A tal fin, baste recordar asuntos como el “caso Rumasa”, el aún caliente “caso Estatuto Catalán”, el olvidado asunto de “la puesta en libertad de la Mesa Nacional de HB”, o los más recientes enfrentamientos entre los distintos órganos citados a costa del “caso Albertos” o de la elección del presidente del tribunal encargado del “caso 11-M”.

El problema, con matices, no se encuentra en la Constitución, que contiene todos los principios fundamentales para que la adecuada separación de Poderes haga efectivo el control del Ejecutivo, garantice las libertades individuales de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial. Tampoco es usted, señor Presidente, ni su partido el único culpable de este “atropello” a la división de poderes; han participado en su comisión y mantenimiento todos los grupos parlamentarios y, muy especialmente, quienes han tenido responsabilidades de gobierno. Porque ha sido, fundamentalmente, la acción de los sucesivos Gobiernos lo que ha acabado adulterando esos principios.

La verdad es que, cada Gobierno que llega al poder, acaba cediendo a la tentación de controlar cuanto más mejor. Es necesaria mucha grandeza, altura de miras y generosidad para renunciar a lo que se tiene al alcance de la mano… aunque sea en aras del bien común. Pero no es imposible.

No me equivoco si le digo que la ciudadanía de España pide a gritos una renovación profunda de nuestra Justicia. Una renovación que pase por el establecimiento riguroso de las normas de acceso a la carrera judicial que evite injerencias –por disfrazadas que pueda venir- de los otros poderes del Estado o de los partidos, como ha ocurrido en el pasado. Una renovación que la consagre como un auténtico Poder del Estado que goce de absoluta independencia respecto del poder político y sometida, tan sólo, a la Ley, como establece la Constitución en su artículo 117. Una renovación que garantice las funciones de cada uno de los órganos y evite los enfrentamientos e intromisiones que vemos a diario. Una renovación que la dote de los medios adecuados para que pueda ser administrada de forma ágil y efectiva, de manera que se hagan imposibles injustificables retrasos o imperdonables errores como los que hemos conocido estos días con ocasión del dolorosísimo “caso Mariluz”.

Creo, señor Presidente, que bien valdría una legislatura entera un acuerdo de tales dimensiones. Hace ahora treinta años que se aprobó nuestra Constitución de la concordia. No se me ocurre mejor forma de celebrar este aniversario que “secando una de sus lagunas”. España entera reclama a su clase política que, inspirándose en los principios fundamentales que cimientan su Constitución, sea capaz de acordar, entre todos, la reforma de la Justicia; la más importante y necesaria reforma del Estado.

Señor Presidente, lo primero que me pidió el cuerpo al conocer su decisión fue hacerle una crítica contundente, pero las horas transcurridas, que se han hecho eternas, han ido sosegando el ánimo y produciendo una tristeza profunda.

Acabo de oírle decir que su objetivo es “la defensa del valor supremo de la vida”. Suena bonito, es verdad, pero no deja de ser un error común entre aquellos que no creen en Dios, ni comparten ciertos valores. Yo respeto su opinión y le pido ese mismo respeto para los que, desde puntos de vista distintos, como son la fe católica y la confianza en el individuo frente al colectivo, nos atrevemos a decirle que, una vez más, yerra.

La vida no es el valor supremo. La vida es un don de Dios que compartimos con todos los animales y vegetales que pueblan la Tierra. La profunda diferencia con todos ellos es la libertad. Y ahí es donde reside la verdadera grandeza del Hombre: en la libertad que cada uno tiene para hacer el bien o el mal.

En el uso de su libertad, tiene usted todo el derecho del mundo para tomar las decisiones que, en el ejercicio de sus facultades constitucionales y dentro de la ley, crea conveniente.

En el uso de esa misma libertad, el miserable De Juana ese, optó por dedicar su vida a matar y sembrar el odio y, más tarde, a seguir con el chantaje a todos los españoles y a usted mismo, escondiéndolo, esta vez, bajo la forma de una supuesta “huelga de hambre” que no se cree nadie.

En el uso de esa misma libertad, los demás tenemos el derecho a, dentro del respeto que otros nos niegan, decirle que, una vez más, ha cedido y ha errado.

Es difícil hacer juicios de valor, pero parece que, si su primer objetivo era el de acabar con el terrorismo, hoy ya no es libre de elegir, hoy es preso de sus errores y comete nuevos errores para intentar corregir los anteriores.

Hoy ha cedido al chantaje terrorista nuevamente, pero de forma mucho más grave por lo notorio del caso y, créame, no tardarán en volver a presionarle. Hoy saben los enemigos de la libertad, lo sabemos todos, que no es capaz de aguantar la presión ni la amenaza de la muerte, sea propia o ajena. Yo quiero pensar que esa debilidad proviene del profundo deseo de mantener la paz y no el poder, pero a los enemigos de la libertad eso ya les da igual, ahora le conocen.

Es realmente muy triste todo este asunto de la liberación de semejante asesino bajo presión, por que a la debilidad que muestra, le ha unido la falta de valor de un Presidente que, ante una decisión de tal calado, ni siquiera a sido capaz de asumirla y explicarla a los españoles personalmente. No es la primera vez que esconde la cabeza ante un problema de primera magnitud, ya lo hizo el diciembre pasado.

Señor Presidente, nunca me he alegrado de sus errores y mucho menos lo haría ante un caso como este. No me atrevo hoy a darle consejos –tengo claro que no sirven de nada-, sólo quiero decirle que estoy deseando ejercer nuevamente mi libertad política ante las urnas. España necesita un Presidente firme, valiente, con ideas claras y altura de miras, capaz de respetar al opositor y liderar a sus conciudadanos, todos, por derroteros alejados de la confrontación. Necesitamos un Presidente capaz de hacer ver a los españoles que la política no es el arte de repartirse dinero y poder entre unos pocos, sino una permanente vocación de servicio a los demás que se traduzca en soluciones reales a los problemas reales y, desafortunadamente, ese no es usted.

Señor Presidente, en un “papelito” se escribió la Constitución Española. En un “papelito” se escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En un “papelito” escribieron los grandes pensadores de este mundo los mayores avances de la humanidad. Y en un “papelito”, está contenida el arma más potente y letal que ha construido nuestra joven democracia para derrotar a E.T.A.: El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Un pacto del que ahora abomina para no perder a sus socios, pero que fue propuesto en su día por usted mismo. Si a estas alturas la banda no está derrotada todavía, en buena medida se debe al abandono que ha hecho de los diez principios que allí se establecieron. En cualquier caso, si hay alguno de ellos con el que no está de acuerdo, debería decirlo. Sin embargo, creo que eso del “papelito” responde a una estrategia preconcebida, como los “accidentes”, y constituye un error más en la ya larga lista de disparates cometidos por su Gobierno en materia antiterrorista.

Nos dice, señor Presidente, que no ha cedido nada, que no ha cometido error alguno. No es cierto, ha cedido todo lo que podía ceder en solitario sin el acuerdo del PP y de toda la sociedad española y ello, en sí mismo, es un gravísimo error.

Hagamos un breve repaso.

Ha cedido y errado aceptando a la banda de asesinos como un interlocutor político válido. Ha cedido y errado al aceptar y hacer ver que los asesinos son parte en la decisión del futuro político del País Vasco.

Ha cedido y errado al permitir el acceso de estos míseros indeseables al Parlamento Europeo. ¿Con que cara vamos a ir ahora a pedirles ayuda para combatirles?

Ha cedido y errado al permitir que la policía avise a uno de los asesinos –todos los que integran la banda lo son- para que escape con el dinero de la extorsión cuando estaba a punto de ser detenido. Esto, que es algo más que un error, contrasta con la severidad con la que se ha perseguido a dos policías por dar información a un periódico para ser publicada.

Ha cedido y errado al mostrar a uno de los más despreciables asesinos –el tal De Juana- como “un hombre de paz”. Un error más es pensar que a la banda le importan algo sus presos, cosa de la que ya le advertí desde estas mismas páginas al inicio de la tregua.

Ha cedido y errado al permitir a la Fiscalía que rebaje la presión sobre ese miserable y el resto del entorno de los matones; en especial sobre las herriko-tabernas, cuyo dinero, si se incautase, podría servir para sufragar los destrozos causados por el atentado de Barajas. ¿No es eso otro error?

Ha cedido y errado cuando en una entrevista publicada al inicio de la tregua afirmaba que el diálogo continuaría aunque se produjese algún “accidente”. ¿O no es un error descomunal en una negociación decirle a tu contraparte que le vas a aguantar el mayor desmán que puede cometer? ¿No es un error –cometido ya tres veces-, imperdonable para un presidente del Gobierno, calificar un cobarde asesinato de “accidente mortal”?

Ha cedido y errado –por no decir otra cosa- al hacer caso omiso de todas las señales que le estaba enviando la banda de asesinos –rearme, extorsiones, atentado en Barañain, terrorismo callejero, robo de pistolas, zulos con explosivos, entre otras- y de las inquietantes informaciones de la Policía, Guardia Civil y C.N.I. -subrayo esto último-, para salir diciendo que hoy estamos mejor que ayer, pero mucho peor que mañana, tan sólo doce horas antes de uno de los mayores atentados cometidos en España.

Desde hace algún tiempo, algunos veníamos advirtiendo de la posibilidad de un atentado inminente. Siempre se nos contestaba que a la banda no le interesaba que usted perdiera las elecciones. Otro error. El atentado pone de manifiesto lo poco que le importa la política a los asesinos y su convencimiento de que a “este Presidente ya le han sacado todo lo que le tenían que sacar”.

Es cierto que hay cosas que no se han cedido, pero mucho me temo que, si no se han cedido, es porque para ello requieren del acuerdo del PP y de toda la sociedad española en su conjunto, y saben que eso no lo van a conseguir. De ahí el atentado: ya hay que empezar a presionar otra vez.

Señor Presidente, un Gobierno no pierde unas elecciones por que una pandilla de asesinos le pone una bomba, si no por cómo se reacciona ante ese hecho. Al menos, eso es lo que usted pensaba hasta ahora. Por tanto, si usted pierde las elecciones hoy, es por haber dado señales de una enorme e inexplicable debilidad ante los asesinos. Por ejemplo: tardar casi un día entero en comparecer ante los españoles tras los asesinatos cometidos en Barajas. Mientras, buscaba desesperadamente hablar con el asesino Ternera para ver si le tranquilizaba, sin entender que en la banda no hay división, por mucho que le digan. Si no me cree, pregúntele a Pertur o a Yoyes. Acto seguido se marcha a Doñana durante unos días. No seré yo el que niegue que allí dispone de todo lo necesario, pero… ¿había allí algo más importante que hacer que el transmitir a todo pueblo español que su Presidente estaba firme a los mandos en su despacho y no de vacaciones?

Si en lugar de esa tibia reacción hubiera usted aceptado públicamente el error y el engaño a que se ha visto sometido –por muy avisado que estuviera, nadie puede negarle el derecho a equivocarse- y hubiese hecho un llamamiento, desde la calma, pero firme y decidido contra los asesinos, hoy tendría a toda España, esa que tanto le cuesta pronunciar, detrás de usted.

Señor presidente, en E.T.A. no hay políticos, son una pandilla de mafiosos asesinos cuya ambición es el poder –no el democrático-, su negocio la extorsión y su instrumento la muerte. Si no mataron antes, es porque pensaron que podían obtener más sin hacerlo durante un tiempo. Y lo han conseguido.

Es un hecho evidente a la inmensa mayoría de los españoles que la estrategia de la negociación con los asesinos ha sido un fracaso. No es hora de buscar culpables entre los demócratas, pero es su obligación aceptar el error cuanto antes y volver a la política antiterrorista que más frutos ha dado. Es obligación nuestra apoyarle en cuanto lo haga.

Señor Presidente, hay últimamente mucha gente de buena fe y esperanzada que está deseosa de creer en usted; yo, simplemente, disiento. No le puedo creer y me gustaría. Pero permítame decirle, con todo respeto, por qué.

Acaba usted de hacer lo que muchos, yo entre ellos,  le habían aconsejado no debía hacer: aprobar el Estatuto de Autonomía de Cataluña con una exigua mayoría. Todo lo que ha conseguido reunir en torno a su proyecto ha sido un 54% del Congreso de los Diputados, lo que marca una clara diferencia con el anterior. Una vez más en nuestra historia –recuerde la Constitución del 31-, una mitad de España impone leyes fundamentales a la otra media, lo que marca una clara diferencia con el Suárez que dice usted admirar. Pero hay más, es que esa “mayoría” no incluye, siquiera, a todos los partidos catalanes que han promovido la reforma y que le han venido apoyando –con mucha chulería, bien es cierto- hasta ahora. Lo consiguió a última hora, en una extraña maniobra que dejaba fuera a su socio de gobierno –ERC- y de espaldas a su antiguo valedor, amigo y compañero, Pascual Maragall, quien sospecha a estas alturas que, además, ha pactado entregar su cabeza a Arturo Mas.

Cada vez se ve más claro que lo suyo no es debilidad parlamentaria sino una obsesión. Una obsesión que, sabedor de su falta de respaldo popular para llevarla a cabo por los cauces establecidos en la Constitución de 1978, intenta imponerla por la puerta de atrás.

Cuantos más testimonios recabo –de profesores, compañeros y los pocos alumnos que usted tuvo – y más leo y releo la extraordinaria entrevista que le hizo el director de El MUNDO hace unos días, más claro queda su espíritu autoritario, su carácter incierto y su ya confesa obsesión por la II República. Esto no tendría mucha importancia si no fuera porque con su autoritarismo nos está intentando imponer un modelo de estado sin que lo podamos votar todos los españoles y porque nos está ocultando la verdad de la negociación con E.T.A..

La II República, de infausto recuerdo para la gran mayoría de los españoles que saben algo de ella –muy pocos, por cierto-, ha quedado atrás no sólo por el paso del tiempo, sino por el voto de los españoles que en el año 1978 se dieron una Constitución y un modelo de Estado que nos ha proporcionado los mejores años de nuestra historia en todos los aspectos. Me parece legítimo que usted defienda el caduco y caótico modelo de 1931 –y cuando quiera lo comparamos, en frutos, con el de 1978-, pero si quiere hacer cambios en el modelo actual, haga su propuesta de forma clara y trate de convencer, sabiendo que es a los españoles, a todos, a quienes nos toca decidir.

El nuevo estatuto de Cataluña ha abierto un camino del que no tardará en arrepentirse el partido que usted dirige. No sólo porque sea intervencionista hasta el extremo, que lo es; o por ser un simple reparto de poder y dinero entre algunos dirigentes políticos sin beneficios prácticos para los ciudadanos, que lo es; o porque sustituya a otro aprobado con el consenso de todos, que también es verdad; sino porque la gente, percibe que es la primera parte de los pagos que piensa hacer a E.T.A. para que dejen de matar. Esta percepción es algo más desde el momento en que Carod-Rovira lo confiesa más o menos abiertamente.

Nos dijo, con toda solemnidad, en las Cortes que ni estaba, ni había estado hablando con E.T.A. y estando en la oposición firmó un pacto con el Gobierno de entonces por el que se comprometía a no tener tales contactos. Hoy en día sabemos que “lleva muchos años hablando” con los terroristas. Las preguntas surgen inmediatamente: ¿Cuántos años lleva hablando? ¿Habían asesinado ya a Fernando Buesa cuando empezó? ¿Y a Pagazaurtundúa? ¿No, verdad? ¿Qué sintió cuando los asesinaron? ¿Qué pensaba mientras le daba el pésame a los familiares? ¿Considera que fueron aquellos… “accidentes”? Lo que resulta claro es que lleva usted muchos años ocultando la verdad al pueblo que prometió servir. No valen para su “discreción” las famosas “razones de Estado” que también sirvieron a otros para intentar justificar indignas infamias.

Parece que nos está intentando anestesiar a todos para llegar a una situación inicial en la que sea aceptable eso de “paz por presos”. Lo primero que hay que dejar bien claro es que no es aceptable esa expresión. La realidad que nos propone es: libertad para los asesinos a cambio de dejar de asesinar. Nada se dice de la entrega de las armas –“no es importante” según nos ha dicho- y nada de condenar la violencia o pedir perdón a las víctimas. Sinceramente, creo que esto que es inaceptable para mí, también lo es para la banda de asesinos y usted lo sabe.

Vayamos por partes. ¿Por qué es inaceptable para mí? Es sencillo, cambiemos los sujetos de su acuerdo por un momento: si una banda de violadores que llevara 851 mujeres violadas y asesinadas, y de la que tenemos a la mayor parte de sus miembros en la cárcel y al resto acorralados, le pidiera soltar a los presos a cambio de dejar de asesinar y violar… ¿lo aceptaría?. Si lo hiciese, estaría enviando un mensaje muy claro a, por ejemplo, las mafias que operan en la costa del sol: sólo tenéis que matar lo suficiente -digamos 851 personas- para que el Estado se rinda. Es importante recordar, llegados a este punto, que en España no hay conflicto político. En este país es posible defender cualquier posición política desde una tribuna parlamentaria.

¿Por qué será también inaceptable para E.T.A.? La banda no ve en los presos –y sus familias- más que un problema generador de gastos y conflictos y trata de usarlos ahora como moneda de cambio y, sobre todo, distracción. De hecho, en sus comunicados, lo único que deja claro es que se abre un proceso que debe culminar con sus dos reivindicaciones históricas: un referéndum y la subsiguiente autodeterminación –léase independencia- de Euskal Herria, en la que incluyen, contra su ya expresada voluntad en numerosas ocasiones, a Navarra y otros territorios. ¿Está usted dispuesto a aceptar esto?… España está claro que no. ¿Qué ocurriría si no se les concede está pretensión?

Mucho me temo, y se lo digo con tanto dolor como respeto, que está intentado utilizar a E.T.A. para llevar a cabo la plasmación de su obsesión republicana. Nos está intentado llevar a un punto en que la aceptación del País Vasco como una nación para su posterior independencia sea aceptable a cambio de alcanzar la tan ansiada paz. Para eso, señor Presidente, para ceder a las pretensiones de los terroristas, no hace falta ser ningún genio, lo podría haber hecho cualquiera. Lo difícil es mantener la paz por los cauces democráticos y no ceder al chantaje del terror.

Es cada vez más evidente que usted desprecia el acuerdo alcanzado en 1978 y que no lo considera legítimo al haber sido dirigido por hombres que nacieron, se criaron -sin negarlo- en el franquismo y no pertenecieron a la izquierda. Pero no olvide que aquella Transición se hizo también con “los suyos”. Fue fruto del consenso. Algo que no puede decirse ahora de sus actuaciones, que siempre dejan fuera, al menos, a una mitad de los españoles. Por otro lado, el propio Otegui ha confirmado que su fortaleza reside en haberse cargado la Transición. Eso no es “paz por presos”, es estar convencido de que a usted “le van a sacar algo más”. Ese “algo más” es lo que nos preocupa al resto de los españoles que consideramos que toda legitimación política en nuestro país tiene su origen y fundamento en la Constitución de 1978. Es una muy curiosa y alarmante confluencia de intereses la que parece darse entre usted y Otegui.

Señor Presidente, se lo diré muy claro: da la impresión de que está usted intentando imponernos a todos los españoles una república federal –o algo parecido que nunca aclara- por la vía de los hechos consumados sin pasar ese proyecto por las urnas. Sé que le importará poco, pero le digo que  yo disiento; que no tiene ni mandato electoral, ni derecho para llevar a cabo tales reformas. Siento mucho decirle que es muy difícil creer lo que nos dice, ya que, hasta ahora, ha sido siempre desmentido por los hechos. Nos ha venido ocultando la verdad en cuestiones fundamentales durante mucho tiempo y nada indica que esto vaya a cambiar.

Como le decía al comienzo, hay mucha gente que, aún siendo muy desconfiada, está deseosa de creerle y esperanzada. Quieren creer que la unidad de España no está amenazada y que el final de la violencia se alcanzará sin pagar un precio político. Mucho me temo que, a estas alturas, usted ya sabe que eso es imposible si no hay una derrota policial y judicial por medio.

Créame, me encantaría estar equivocado y tener que rectificar.

Carta al Presidente Zapatero publicada en El Mundo

Estimado señor Presidente:

Le puedo asegurar –y no hace falta ser más explícito en este punto- que si mi padre estuviera en condiciones, no sería yo quien firmase esta carta. Por ello, me impongo hacerlo, si cabe, con mayor respeto hacia todo lo que usted representa.

Bien conoce –al menos eso creo- la historia reciente de España a la que constante referencia hace. Si indaga un poco, verá que la inmensa mayoría de los graves problemas políticos que hemos sufrido como pueblo, han tenido su origen común en la imposición de una determinada visión de España de unos sobre otros. En unos casos aprovechando la coyuntura de una matemática parlamentaria favorable, en otros, por el simple uso de la fuerza.

Tras escuchar con suma atención todo el debate en el Congreso, permítame decirle, con el respeto debido, que usted está a punto de hacer lo mismo. Rompiendo el espíritu de la Transición, quebrará el buen entendimiento que ha sustentado las relaciones entre los dos partidos mayoritarios en los temas que afectan a las grandes decisiones de gobierno como es el modelo territorial. Lo decía uno de sus socios en el Congreso: se trata de aprovechar la oportunidad que brinda matemática parlamentaria para sacar adelante este estatuto y profundizar en las reformas. El problema, en esta ocasión, tiene dos aliados: uno, el chantaje independentista al que está usted sometido para permanecer en el gobierno y, dos, su aparente concepción federal del Estado que nunca nos ha aclarado a los demás.

Quiero dejar bien claro en este punto que mi padre nos ha sabido transmitir su profundo cariño y respeto por Cataluña y sus gentes. Un cariño y un respeto bien demostrado cuando auspició en primera persona la vuelta del entrañable y muy querido Presidente Tarradellas, restaurando la Generalidad y aprobando un extraordinario Estatuto de Autonomía que otorgaba unos niveles de autogobierno jamás conocidos por los catalanes.

Señor Presidente, hoy los números le pueden sonreír a la hora de aprobar ese proyecto de nuevo Estatuto, pero no debe usted hacerlo. Al menos, en la forma en la que lo planteó en el Congreso. Está modificando, a sabiendas, el modelo de Estado y privando al pueblo español de su derecho a pronunciarse al respecto, sabedor de su falta de apoyos a nivel nacional.

Quizá pueda usted hacerlo –y es evidente que puede-, pero incurrirá una vez más en el gran error de nuestra historia: una parte de España impone a la otra su parcial visión del Estado. Veo que muy poco ha aprendido de ese Adolfo Suárez a quien tanto alaba, alabanza que le agradezco. Aquel Adolfo Suárez, en apenas dos años –casi lo que usted lleva en el poder-, consiguió convencer a las Cortes franquistas para que se autodisolvieran, aprobar en referéndum la Ley para la Reforma Política, legalizar todos los partidos políticos, convocar las primeras elecciones democráticas y, después de ganarlas, negociar y aprobar con todas las fuerzas parlamentarias, todas, una Constitución en la que, por fin, no había vencedores ni vencidos y obtener, finalmente, el refrendo casi unánime de todos los españoles. Insisto, casi en el mismo tiempo que usted lleva en la presidencia, con un Gobierno en minoría y bajo una presión asesina de ETA como, afortunadamente, no se ha vuelto a conocer. En muy poco tiempo más, conseguiría la aprobación consensuada con todos los partidos de los primeros Estatutos de Autonomía. Consiguió unir a los españoles y los alejó de los viejos fantasmas del pasado. En todo lo anterior tuvieron una participación muy activa significadas personas de su partido.

Creo señor Presidente y, se lo digo con profundo respeto hacia la institución que representa y hacia su persona, que no es razonable aprobar, por mucho que pueda, una reforma de tan profundo calado sin el consenso de un partido que representa a diez millones de españoles –en términos generales, media España- y sin consultar directamente al pueblo español si está o no de acuerdo con el cambio de modelo de Estado que supone esa reforma estatutaria.

Todavía está a tiempo. Le ruego que, en nombre de la paz, el progreso, la concordia y la libertad que han supuesto para todos los españoles la Constitución y los Estatutos de Autonomía aprobados con el consenso de todas las fuerzas políticas, apruebe el nuevo Estatuto sólo si tiene el mismo consenso alcanzado por el anterior en las Cortes y entre todo el pueblo español. No se trata sólo de creer que se tiene razón, sino de convencer. Si no lo hace, no soy capaz de predecir las consecuencias políticas, ni quiero hacerlo; lo único evidente es que habrá entrado usted de lleno en ese grupo de políticos que, representando a media España e incapaces de pactar con la otra media, decidieron imponer sus convicciones a todos. Ninguno de ellos trajo nada bueno y ninguno de ellos merece un digno sitio en nuestra historia común. No deseo, se lo digo con el corazón en la mano, ver a nadie más en esa lista; menos aún, a un Presidente que, como usted, despertó tantas esperanzas el día de su elección.

Reciba un cordial saludo junto a mis mejores deseos.