La Justicia
martes, marzo 18, 2008Carta al Presidente Zapatero en marzo de 2008
Se inicia, señor Presidente, una nueva legislatura y, como manda nuestra Constitución en su artículo 99, se abre con el debate de investidura del candidato propuesto por Su Majestad El Rey que, una vez más, recae en su persona. Creo que es un buen momento –si me permite la broma- para empezar a importunarle. Como siempre, lo haré con todo el respeto que se merece y no sin antes felicitarle por su éxito electoral.
Su discurso de investidura tuvo puntos muy interesantes, es cierto; aunque matizados por el hecho de haber sido usted el Presidente del Gobierno durante la pasada legislatura. Ese hecho lanza una sombra de duda sobre la credibilidad de algunas de sus propuestas, pero será el tiempo y no yo, quien, una vez más, dé y quite razones.
Me pareció especialmente importante la referencia que hizo a la renovación de Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que debe ser renovado, pero mal empezamos si la propuesta de pacto viene acompañada de la amenaza de un “remedio excepcional” si no se alcanza tal pacto, supongo, en el tiempo deseado. En cualquier caso, y con ser ello importante, el núcleo no está ahí: lo que debe ser renovado es todo el Poder Judicial y el momento es propicio. Me explico.
La democracia es un sistema de gobierno en el que el los ciudadanos eligen a sus dirigentes para que administren los asuntos públicos y, esto es muy importante, garanticen las libertades individuales que suponen el fin último de la democracia.
Precisamente para eso, para garantizar esas libertades e impedir el abuso del poder por parte de quien lo recibe de los ciudadanos, se ideó la división de poderes. Algo tan sencillo y mayoritariamente aceptado como esto, no está funcionando en nuestro país.
Los ciudadanos españoles eligen un parlamento que, a su vez, elige un Presidente del Gobierno. Esto que, en principio, puede ser interpretado como una falta de separación entre ambos poderes, puede ser aceptado en la medida en la que el parlamento, a través de la oposición, sea capaz de articular las medidas necesarias para ejercer un papel de control eficaz al Gobierno y ser un contrapunto real de poder. En una situación así, cobra especial importancia la independencia y capacidad del Poder Judicial como garante efectivo de las libertades individuales.
Y ahí tenemos uno de los grandes problemas de nuestra democracia que, si bien ha existido siempre, se agravó de forma extraordinaria desde que, en el año 1985 y gracias a un parlamento gobernado –insisto en el término- por un Partido Socialista con mayoría absoluta, se cambiaron las reglas de juego establecidas en la Constitución y, retorciendo de forma inaceptable –dicho sea con todo respeto desde mi punto de vista- su espíritu, se estableció un sistema en el que el órgano de gobierno del Poder Judicial –el Consejo General del Poder Judicial- pasaba a ser también elegido por las Cortes y se repartía –al fin y al cabo en eso consistió la reforma- entre los distintos partidos la composición de dicho órgano.
Hemos llegado a un punto en el que todo se legitima y valida por el mero hecho de ser elegido o votado por el parlamento. Aunque alguno se escandalice, eso no deja de ser una perversión del sistema que, unido a la actual estructura de los partidos, hace que todo el poder recaiga sobre quien dirige el partido más votado que se convierte, a su vez, en jefe del Ejecutivo y, además, en controlador -vía el partido que dirige- del Legislativo y, por tanto, también del Poder Judicial. ¿Qué ocurriría si, además, controlase también los medios de comunicación?
En esta situación, e interpretando a Hayek de alguna manera, podríamos decir hoy, en España, que un parlamento libre no garantiza un pueblo libre, ya que la licencia que se da a una mayoría parlamentaria, nunca lo puede ser para que actúe arbitrariamente, ni para que evite los sistemas de control y respeto a las minorías que el mismo sistema establece.
Es tal el grado de disparate al que ha llegado la politización de la justicia española actual, que somos capaces –y lo hacemos a diario- de predecir lo que va a votar cada miembro del órgano de gobierno en función del partido que lo propuso. ¡Llegamos a hablar de “miembros conservadores y progresistas” con absoluta normalidad!
Desgraciadamente, y por otro camino, ocurre exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional.
Son innumerables y extraordinariamente sonrojantes, los casos de politización tanto del Tribunal Constitucional, como del CGPJ, el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional. A tal fin, baste recordar asuntos como el “caso Rumasa”, el aún caliente “caso Estatuto Catalán”, el olvidado asunto de “la puesta en libertad de la Mesa Nacional de HB”, o los más recientes enfrentamientos entre los distintos órganos citados a costa del “caso Albertos” o de la elección del presidente del tribunal encargado del “caso 11-M”.
El problema, con matices, no se encuentra en la Constitución, que contiene todos los principios fundamentales para que la adecuada separación de Poderes haga efectivo el control del Ejecutivo, garantice las libertades individuales de los ciudadanos y la independencia del Poder Judicial. Tampoco es usted, señor Presidente, ni su partido el único culpable de este “atropello” a la división de poderes; han participado en su comisión y mantenimiento todos los grupos parlamentarios y, muy especialmente, quienes han tenido responsabilidades de gobierno. Porque ha sido, fundamentalmente, la acción de los sucesivos Gobiernos lo que ha acabado adulterando esos principios.
La verdad es que, cada Gobierno que llega al poder, acaba cediendo a la tentación de controlar cuanto más mejor. Es necesaria mucha grandeza, altura de miras y generosidad para renunciar a lo que se tiene al alcance de la mano… aunque sea en aras del bien común. Pero no es imposible.
No me equivoco si le digo que la ciudadanía de España pide a gritos una renovación profunda de nuestra Justicia. Una renovación que pase por el establecimiento riguroso de las normas de acceso a la carrera judicial que evite injerencias –por disfrazadas que pueda venir- de los otros poderes del Estado o de los partidos, como ha ocurrido en el pasado. Una renovación que la consagre como un auténtico Poder del Estado que goce de absoluta independencia respecto del poder político y sometida, tan sólo, a la Ley, como establece la Constitución en su artículo 117. Una renovación que garantice las funciones de cada uno de los órganos y evite los enfrentamientos e intromisiones que vemos a diario. Una renovación que la dote de los medios adecuados para que pueda ser administrada de forma ágil y efectiva, de manera que se hagan imposibles injustificables retrasos o imperdonables errores como los que hemos conocido estos días con ocasión del dolorosísimo “caso Mariluz”.
Creo, señor Presidente, que bien valdría una legislatura entera un acuerdo de tales dimensiones. Hace ahora treinta años que se aprobó nuestra Constitución de la concordia. No se me ocurre mejor forma de celebrar este aniversario que “secando una de sus lagunas”. España entera reclama a su clase política que, inspirándose en los principios fundamentales que cimientan su Constitución, sea capaz de acordar, entre todos, la reforma de la Justicia; la más importante y necesaria reforma del Estado.
Con los Reyes en un homenaje a la Transición…