UNA SEMANA después de las declaraciones de Pilar Urbano a este periódico, Adolfo Suárez Illana, en una larga entrevista, responde con contundencia a la autora de La gran desmemoria, a la que insta a probar las afirmaciones que ha hecho sobre su padre, y muy especialmente aquellas en las que asegura que el ex presidente estaba convencido de que el Rey participó en la orquestación del golpe de Estado del 23-F: «¡Es delictivo! Está poniendo en la boca o en la mente de mi padre un delito gravísimo, está diciendo que el Rey es un traidor a España (…) O lo tiene archicomprobado, y que me diga cómo, o simplemente está mintiendo».

Para documentar su respuesta, Suárez Illana aporta una serie de cartas manuscritas enviadas por el Rey al ex presidente del Gobierno y que éste legó a su hijo. Algunas de ellas muestran cómo la relación entre ambos estuvo guiada en todo momento por «el inmenso cariño, respeto, admiración y confianza que hay entre los dos». «No es compatible», afirma Suárez Illana, un «supuesto enfrentamiento con lo que dicen los documentos y con lo que mi experiencia personal ha vivido». En una de estas cartas, el Rey felicita a Suárez por la aprobación de la Constitución, desmintiendo así la idea de que Don Juan Carlos estuviese en desacuerdo con el contenido de la Carta Magna y demostrando la relación de absoluta lealtad y la coincidencia de fines y medios entre las dos personas encargadas de conducir a España de la dictadura a la democracia. De no ser así, la Transición no habría podido concluir con éxito. Los documentos demuestran también que el Rey nunca titubeó ni tuvo tentaciones involucionistas, sino que siempre trabajó a favor de las libertades democráticas. No sólo no apoyó un supuesto gobierno de concentración formado por ministros de todos los partidos y presidido por el general Armada, sino que ni siquiera lo conoció ni, de haberlo hecho, habría apoyado una operación que era abiertamente anticonstitucional, tal y como avala un documento del CESID de enero de 1981 que aún no ha sido hecho público.

Las cartas aclaran otras muchas dudas, como que la dimisión de Suárez fue tomada de mutuo acuerdo con el Rey en el verano de 1980 y que el ex presidente no sufrió «ningún tipo de presiones y mucho menos militares» como se lee en una de ellas. «El principal motivo de la dimisión», aclara Suárez Illana «es la falta de confianza que le tienen los compañeros de la UCD». Por esta razón, aclara el hijo del ex presidente, se pone en marcha una operación en la que «está presente el Rey permanentemente» para colocar a Leopoldo Calvo-Sotelo al frente de la Presidencia del Gobierno.

Suárez Illana ha dado un valiente paso adelante mostrando unos documentos esclarecedores y hasta ahora inéditos. Otros deberían seguir su ejemplo para evitar que se continúen formulando hipótesis imposibles de demostrar sobre un periodo de nuestra Historia reciente tan falto de documentación. Sólo así podrá abrirse paso la verdad histórica. El Gobierno, por su parte, debe tomar la iniciativa y hacer uso de la prerrogativa que le otorga la ley para desclasificar una información que en nada afecta ya a la seguridad del país y que impediría el continuo desgaste de la imagen del jefe del Estado cada vez que alguna efeméride devuelve aquellos hechos a la actualidad. Las repercusiones institucional y mediática que han tenido las declaraciones y el libro de Pilar Urbano prueban que es necesario arrojar luz definitiva sobre aquellos hechos.