Adolfo Suárez Illana

Artículo publicado en La Gaceta el 21 de noviembre de 2009

“¿Por qué no podemos treinta años después de democracia tener una ley del aborto equiparable a los países más democráticos de nuestro entorno?” Con alguna diferencia leve, esta era la pregunta que se hacía esta pasada semana el Presidente del Gobierno de España.

Al margen de la mala construcción de la misma, la pregunta pone de manifiesto las carencias, los errores y la falta de consistencia del Presidente.

Hace ya algún tiempo corregía –desde mi punto de vista y con todo el respeto debido- una manifestación suya –del Presidente- en la que afirmaba que la vida era el “valor supremo”. En aquel momento reflexionaba yo diciendo que la vida no es el valor supremo. La vida, decía, es un don de Dios que compartimos con todos los animales y vegetales que pueblan la faz Tierra y que la profunda diferencia con todos ellos es la libertad. Ahí, y solo ahí, es donde reside la verdadera grandeza del Hombre: en la libertad. La libertad que cada uno tiene para hacer el bien o el mal.

Hoy, ese mismo Presidente, ese a quien entonces se le llenaba la boca de palabras tan grandilocuentes como vacías y faltas de compromiso para defender su indigna actuación ante el canalla etarra llamado De Juana Chaos, no tiene reparo alguno en defender con vehemencia el inexistente “derecho” a matar niños en el seno de su madre sin más límite que la voluntad de la mujer en cuestión y un número determinado de semanas. La falta de coherencia es patente.

Entre los errores, por no llamarlo de otra forma, aparece uno con claridad en la frase antes apuntada. El de asimilar la democracia con el aborto libre. Como ya me habrán escuchado en otras ocasiones, los neandertales también practicaban rudimentarias formas de aborto. No creo que, por ello, puedan ser tenidos como paladines de la democracia, ni tampoco del progreso. Más bien, todo lo contrario. Es asombroso que, como argumento supremo, el Presidente apele a la democracia y los países de nuestro entorno para apoyar una ley semejante. Por esa misma regla de tres, si los países de nuestro entorno aceptasen la pena de muerte –a la que tanto él como yo nos oponemos- nosotros tendríamos también que aceptarla… ¿por qué no? Una vez más, la inconsistencia se hace evidente.

Con respecto al argumento de “la democracia” y su aplicación a este caso concreto, lo único que cabe decir es que, para que se apruebe una ley semejante debiera ser necesario –por afectar a algo tan fundamental como es la vida- una muy amplia mayoría en la sociedad. Una mayoría que ninguna de las encuestas conocidas otorga. Es más, para conseguir una mayoría suficiente en el Congreso, se está comerciando con prebendas económicas para doblar la voluntad de algunas formaciones políticas… lamentable el que compra; lamentable el que vende. Tan lamentable como que no se otorgue libertad de voto a los diputados en este asunto que afecta tan de lleno a la conciencia, lo que pone de manifiesto, una vez más, que en el PSOE prima el ideario colectivo sobre la conciencia del individuo.

Quizá todo esto venga de una carencia de formación como es confundir derecho con don. En principio, cuando un ordenamiento jurídico establece un derecho determinado en una ley, debe establecer también quién está obligado a “prestar” el derecho en cuestión –y digo debe, por que no siempre ocurre así, como queda probado en el caso de la vivienda o el trabajo, aportaciones hechas desde esa misma óptica-. Así, por ejemplo, cuando se establece que los ciudadanos españoles “tienen derecho a la tutela judicial efectiva” se establece también que es el Estado español quien “esta obligado” garantizar esa tutela judicial.

En el caso de el malentendido “derecho a la vida”, todavía no sé quién es el que está obligado a dar esa vida. Lo que si sé es que, cuando una vida existe –nótese que la vida ya ha sido dada, es decir es un hecho preexistente-, todos tienen la obligación de respetarla y de no hacer nada que atente contra ella. Este es el verdadero sentido del “derecho a la vida” que se consagra en el artículo 15 de nuestra Constitución. Me interesa resaltar que cuando allí decimos todos, lo dice nuestra Constitución, no cabe excepción. Ninguna, por muy temprano que sea en el seno materno.

Para cumplir con ese mandato establecido en la Constitución, y corroborado por el propio Tribunal Constitucional, el aborto debería ser tratado de forma análoga a como es tratada “la legítima defensa”, esto es, como una excepción al principio general; un medio excepcional que es aceptado cuando este se convierte en el único a nuestro alcance para mantener la vida propia o ajena que se ve injustamente amenazada. Ese era el espíritu, tantas veces pervertido, de la ley anterior. El aborto no puede nunca ser un medio para librarse de un problema más o menos grave. El aborto, solo puede aceptarse cuando es la consecuencia indeseada de un tratamiento destinado a salvar la vida o la integridad de la gestante. Eso es defender la vida, el resto, es buscar atajos, tan indeseables como innecesarios, para salvar responsabilidades no apetecidas.

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